Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Santander avanza en la implementación de la Política Pública de Víctimas gracias al trabajo articulado entre la Unidad para las Víctimas, la Gobernación y las alcaldías municipales.
Con jornadas de capacitación y asistencia técnica, el departamento se prepara para enfrentar los retos de la evaluación y certificación territorial, una herramienta clave para garantizar los derechos de la población víctima del conflicto.
Del 27 al 29 de noviembre, la Unidad para las Víctimas lideró tres intensas jornadas de capacitación presencial en Barbosa, San Gil y Bucaramanga, donde participaron enlaces de víctimas, secretarios de Gobierno y algunos alcaldes de las provincias Vélez, Guanentina, Comunera, Soto Norte, Metropolitana, Yariguíes y García Rovira. Este recorrido fue diseñado para fortalecer el conocimiento y las capacidades técnicas de los actores locales en la implementación y monitoreo de la Política Pública de Víctimas.
La importancia de la certificación territorial
La certificación territorial, liderada por la Unidad para las Víctimas, es un mecanismo de evaluación que analiza cómo los gobiernos locales aplican la Política Pública de Víctimas y garantizan los derechos de esta población. “Desde la Unidad, no solo acompañamos el diseño de estas políticas, sino también su monitoreo y evaluación. Esto permite a las entidades ajustar sus procesos y mejorar la oferta institucional”, explicó Julián David Zambrano, profesional de la Subdirección de Coordinación Nación-Territorio.
Este proceso de certificación es crucial para que alcaldías y gobernaciones identifiquen áreas de mejora en sus planes de acción territorial, en los cuales se concentran las acciones y presupuestos destinados a las víctimas. Además, según Zambrano, las capacitaciones brindan a los funcionarios locales las herramientas necesarias para implementar ajustes efectivos que mejoren el acceso a los derechos fundamentales de las víctimas.
Un esfuerzo conjunto en el territorio
Durante todo 2024, la Unidad para las Víctimas ha trabajado de la mano con las alcaldías y la Gobernación de Santander para territorializar la Política Pública de Víctimas. Este esfuerzo se ha materializado en múltiples capacitaciones y asistencias técnicas, orientadas a asegurar que cada municipio cumpla con los estándares establecidos para la certificación territorial.
“Estamos orgullosos de acompañar a los municipios en este proceso. Les hemos proporcionado conocimientos técnicos y resuelto inquietudes, lo que les permitirá mostrar resultados concretos de su gestión en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la población víctima”, destacó Héctor Rojas, apoyo profesional de la Subdirección Nación-Territorio en la Dirección Territorial Santander.
Uno de los temas destacados durante las jornadas fue la necesidad de mantener actualizados los conceptos de seguridad municipal, un requisito esencial para responder a las solicitudes de víctimas que desean retornarse o reubicarse en sus lugares de origen o en nuevos territorios. Según Alirio Capacho, profesional de Retornos y Reubicaciones, estas acciones se dividen en dos rutas principales: el retorno individual, solicitado por personas que desean regresar a su lugar de origen, y la ruta comunitaria, orientada a apoyar a comunidades enteras en procesos de reubicación. Ambas estrategias buscan garantizar condiciones dignas y seguras para la población afectada por el conflicto.
Un impacto tangible en la población víctima
El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los municipios no solo contribuye a la certificación territorial, sino que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las víctimas. Según los datos de la Unidad, más del 70% de los municipios de las siete provincias de Santander participaron en las capacitaciones presenciales realizadas este año. Para aquellos que no pudieron asistir, se programará una asistencia técnica virtual, garantizando así la cobertura total del departamento.
El compromiso demostrado por las alcaldías y la Gobernación de Santander refleja un cambio significativo en la forma en que se abordan las necesidades de la población víctima. Estas acciones permiten que los municipios puedan articularse mejor con las políticas nacionales, facilitando la implementación de programas y proyectos que satisfagan las necesidades específicas de esta población.
Retos y perspectivas hacia 2025
A medida que se acerca el cierre del año, los municipios de Santander trabajan intensamente para preparar sus informes de evaluación y certificación territorial. Este proceso no solo sirve como un mecanismo de rendición de cuentas, sino también como una herramienta para identificar desafíos pendientes y definir estrategias que permitan seguir avanzando en la garantía de derechos de las víctimas.
“La certificación es una oportunidad para que los municipios puedan mejorar la oferta institucional y garantizar que las víctimas accedan a las medidas y derechos que les corresponden”, reiteró Zambrano. Este enfoque no solo busca cumplir con los estándares legales, sino también transformar de manera real la situación de miles de personas que, en medio de adversidades, buscan reconstruir sus vidas.
En este contexto, las jornadas lideradas por la Unidad para las Víctimas en Santander han demostrado ser un modelo efectivo de articulación entre los niveles nacional y territorial. Los resultados de este esfuerzo conjunto se verán reflejados en el bienestar de la población víctima y en el fortalecimiento de los gobiernos locales, consolidando a Santander como un referente en la implementación de la Política Pública de Víctimas.
