Resumen
José Joaquín Urbano, un profesor de derecho penal, generó gran atención mediática al ser posesionado por el presidente de la Corte Suprema y no por el presidente de la República, rompiendo la tradición debido a frecuentes incumplimientos presidenciales en eventos judiciales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El acto de posesión de un magistrado de las cortes se registra en los medios, si acaso, con una fotografía, un pie de foto y, a veces, una breve reseña en que se esboza su currículum.
Sucede así por el gran número de togados que componen esos tribunales (112), por su rotación periódica y porque ellos se eligen entre sí, en conciliábulos misteriosos y cerrados, como cuando los cardenales escogen al Papa, lejos del escrutinio del pueblo.
Pero la semana pasada no ocurrió así: un profesor desconocido para la ciudadanía, aunque acreditado en derecho penal, recibió más difusión que personajes de mayor envergadura social, por ejemplo, algunos jefes de Estado o directores de organismos internacionales que visitan Colombia.
José Joaquín Urbano, seleccionado hace unas semanas por sus colegas de la Corte Suprema para integrar ese organismo, tocó la fama cuando apenas pisaba las escalinatas del Palacio de Justicia porque le pidió al presidente de la corte que lo posesionara en lugar del presidente de la República, como ha sido usual.
Ciertamente, el presidente de la República ha desatendido, con su tradicional incumplimiento, los eventos del poder judicial y los actos de posesión de los nuevos magistrados.
En definitiva, no ha seguido las reglas de conducta frente a los altos tribunales, además de que ha sido fuerte crítico de algunos de sus fallos. Podría, entonces, asegurarse que la Corte Suprema pagó con la misma moneda que ha recibido: ojo por ojo, diente por diente. Significa que las togas creen que tienen “derecho” a la revancha y que se justifica el agravio devuelto en similares proporciones.
