Resumen
Pretenden que, en medio de la turbulencia política que padece Colombia, le vendan las acciones del acueducto metropolitano a Empresas Públicas de Medellín.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Junta directiva habría creado burocracia paralela para pagar favores POLÍTICOS
La prolongación del contrato de nombramiento del gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y de algunos de sus asesores ‘importados’ desde otros departamentos del país y especialmente desde la zona cafetera de Caldas y de Antioquia, con el pretexto de ampliar la cobertura del servicio de agua potable, ha sido interpretada por el equipo de gobierno del nuevo alcalde de la capital de Santander, periodista Jaime Andrés Beltrán, como una maniobra politiquera de algunos de los miembros de la actual junta directiva para ofrecer en venta las acciones de la compañía al sector privado.
Pretenden que, en medio de la turbulencia política que padece Colombia, le vendan las acciones del acueducto metropolitano a Empresas Públicas de Medellín, como ya lo hicieron hace varios años con la Electrificadora de Santander, cuyo componente accionario fue entregado mayoritariamente a ‘INVERSIONES EPM’ por sumas irrisorias, mediante un decreto del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que le arrebató a Santander el control y manejo de la empresa de energía eléctrica.
Las dos empresas de servicios públicos, con sede en Bucaramanga, fueron creadas por los santandereanos desde hace más de un siglo, cuyo manejo y desempeño ha caído en manos extrañas a este departamento.
Muchas críticas contra el alcalde saliente, Juan Carlos Cárdenas Rey, que habría delegado funciones en su jefe de gobernanza para todo lo relacionado con la contratación oficial y para su representación en la junta directiva del Acueducto, que según la Sociedad Santandereana de Ingenieros ha puesto en riesgo la autonomía de la empresa del acueducto, que es la joya de la corona en materia de servicios públicos para el área metropolitana de Bucaramanga.
Coincidencialmente en la junta directiva del Acueducto y en la Junta directiva de la Electrificadora, hay intereses de los empresarios privados de otras zonas del país, por hacerse socios de las dos empresas y monopolizar los servicios públicos de agua y energía eléctrica, para los programas de ‘volteo de tierras’ y la construcción de nuevas urbanizaciones.
