Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El reciente informe sobre la lucha contra la delincuencia en Bucaramanga arroja cifras alarmantes con un total de 10,138 capturas realizadas, 14 organizaciones criminales desarticuladas y una notable reducción del 27% en el hurto a residencias.
Sin duda, estos avances reflejan el esfuerzo de las autoridades por mejorar la seguridad de la capital santandereana, pero hay un problema estructural que afecta gravemente la eficacia de estas acciones y es la blanda acción del sistema judicial que no castiga de manera efectiva a los delincuentes capturados.
La comunidad celebra el trabajo policial, pero la realidad es que muchos de los delincuentes apresados, incluso en flagrancia, son liberados en cuestión de horas.
Con cada nueva detención, su prontuario se agranda, pero su castigo sigue siendo inexistente. Este ciclo perpetuo de impunidad no sólo socava la confianza de los ciudadanos en las autoridades, sino que también fortalece la sensación de que el crimen, en muchas ocasiones, no tiene consecuencias reales.
El informe de la Policía deja claro que no solo se utilizan enormes recursos para realizar las capturas, sino que los mismos agentes encargados de estas operaciones deben dejar sus funciones de vigilancia en las calles por horas para realizar los trámites de judicialización.
Esto genera una doble vulnerabilidad, porque se invierte tiempo en procesar a los detenidos, mientras que la presencia policial en las zonas de mayor conflicto se ve reducida, lo que aumenta la inseguridad.
El Estado debe tomar medidas urgentes para frenar la “puerta giratoria” de los delincuentes. Si los criminales capturados, con un prontuario de delitos comprobado, siguen libres por el simple hecho de no ser procesados a tiempo, el mensaje es claro: no hay consecuencias para quienes violan la ley.
Esta sensación de impunidad genera un círculo vicioso, en el que la delincuencia crece, la confianza disminuye y la seguridad se ve cada vez más amenazada.
Es imperativo que la reforma judicial que actualmente se discute en el Congreso contemple medidas específicas para que los delincuentes reincidentes enfrenten un sistema de justicia más eficiente. A la vez, la Fiscalía, las cortes y la Judicatura deben trabajar para cerrar los vacíos legales que permiten que criminales conocidos sigan su actuar delictivo sin temor a la condena.
En Bucaramanga, la seguridad del ciudadano de a pie debe ser prioridad y esto es lo que las autoridades y el Estado, en general, deben entender que la lucha contra la delincuencia no sólo es tarea de la Policía, sino también del sistema judicial.
La defensa de los derechos de los capturados no debe ir en detrimento de los derechos de las víctimas. Si se quiere romper el ciclo de impunidad, es necesario que los delincuentes paguen por sus actos y que los ciudadanos recuperen la confianza en su sistema de justicia. Sólo así se podrá proyectar una Bucaramanga más justa y más segura.
