Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales de la Cuarta Brigada del Ejército por su responsabilidad en más de 442 homicidios en el escándalo de los ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2007. Esta decisión se enmarca dentro del macrocaso 03, que investiga los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Los generales imputados son Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza, quienes comandaron sucesivamente la Cuarta Brigada en el periodo señalado. La JEP ha determinado que en Antioquia, un departamento que concentra una cuarta parte de los más de 6.400 casos documentados en todo el país, se consolidó una política de facto basada en el conteo de cuerpos como indicador del éxito militar. Este patrón criminal ya había sido identificado en el periodo 2002-2003 bajo el mando del general Mario Montoya, también imputado previamente por estos crímenes.
El tribunal documentó que, a partir de 2004, la práctica de los ‘falsos positivos’ se extendió desde el oriente antioqueño hacia el Valle de Aburrá, Medellín, el norte y nordeste del departamento. Se evidenció la existencia de una competencia entre los batallones por presentar el mayor número de bajas, lo que derivó en el asesinato de al menos 434 personas, cuyos nombres, fechas y lugares de ejecución han sido identificados. Entre los batallones implicados destaca el Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), que había concentrado la mayoría de los crímenes en los primeros años y luego fue alcanzado por otras unidades en la carrera por mostrar resultados.
La JEP ha identificado cuatro modalidades de ejecución de estos crímenes en Antioquia: asesinatos de civiles señalados arbitrariamente como guerrilleros, engaños mediante falsas ofertas de trabajo para llevar a las víctimas hasta sus verdugos, ejecuciones de combatientes rendidos o heridos, y asesinatos oportunistas de personas en lugares donde operaban las tropas. Estas prácticas fueron sistemáticas y no respondieron a hechos aislados, sino a una política institucionalizada dentro del Ejército.
La imputación de la JEP otorga a los acusados un plazo de 30 días para reconocer o rechazar su responsabilidad. Este tribunal, pieza clave del acuerdo de paz, prioriza la verdad plena y la reparación a las víctimas, ofreciendo penas alternativas a quienes confiesen sus crímenes. Según la magistrada Catalina Díaz, el 90% de los imputados han admitido su participación en estos hechos.
Este proceso judicial confirma patrones ya identificados en otras regiones del país como Norte de Santander, Casanare, Meta, Huila y la Costa Caribe. La JEP estableció en 2021 que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ‘falsos positivos’, crímenes que en su mayoría ocurrieron durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). La verdad sobre estos hechos sigue estremeciendo a la sociedad colombiana, que busca justicia mientras enfrenta la polarización en torno a su memoria histórica.
