Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Fundación Participar*
En la segunda semana de agosto, las comunidades de la vereda La Gómez, en el municipio de Sabana de Torres, bloquearon el sector donde se encuentra el peaje operado por la concesionaria Autopista del Río Grande. Simultáneamente, se llevaron a cabo protestas y bloqueos en el peaje de Oiba, administrado por INVIAS. Aunque las circunstancias varían, ambas situaciones reflejan un descontento común entre las comunidades debido al estado de la vía, la contratación de mano de obra, la adquisición de bienes y servicios, y la incertidumbre respecto a los impactos negativos de los proyectos, acompañada de una falta de información clara sobre los impactos positivos, más allá de la retórica general acerca de la reducción en los tiempos de viaje y costos de transporte.
En el caso de las concesiones responsables del proyecto de la Troncal del Magdalena, es preocupante que se presenten estas situaciones incluso antes de que inicie la fase de construcción. Esto constituye una alerta temprana que evidencia un trabajo insuficiente con los Grupos de Interés para entender sus percepciones, motivaciones y dudas respecto al proyecto. La falta de participación e integración de sus opiniones en planes de trabajo articulados que generen confianza y los conviertan en aliados del proyecto refleja la ausencia de un esfuerzo genuino por obtener la "Licencia Social".
La Licencia Social es el permiso tácito que las comunidades locales otorgan a una empresa para realizar sus actividades, basado en la generación de confianza y en la construcción de valor compartido entre la empresa y sus Grupos de Interés. No es un documento formal, sino un reconocimiento de que los impactos sociales, económicos y ambientales de un proyecto deben ser considerados, y que las comunidades tienen el derecho de participar en las decisiones que las afectan.
Ignorar la Licencia Social representa un riesgo significativo para la sostenibilidad de los proyectos, ya que cuando las comunidades se sienten ignoradas y despojadas de su voz, es probable que surjan conflictos. Las protestas, bloqueos y acciones legales son respuestas naturales ante la falta de diálogo, las cuales no solo afectan la reputación de las empresas y del gobierno, sino que también pueden retrasar o incluso cancelar proyectos vitales para el desarrollo del país (V.gr. la Concesión Bucaramanga-Pamplona).
Por ello, es esencial que las entidades del gobierno (local, regional y nacional) y las empresas comprendan que la Licencia Social no es un capricho ni un embeleco, sino un componente esencial para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, pues la inclusión activa de las comunidades en el proceso de toma de decisiones no solo es un acto de justicia, sino que también puede resultar en proyectos más ajustados a las necesidades reales de la población, minimizando conflictos y fomentando un sentido de propiedad y colaboración.
Es crucial entender que la participación comunitaria no es un obstáculo para el Desarrollo, sino un elemento clave para garantizar que los proyectos de infraestructura vial sean sostenibles y beneficien a todos. *Álvaro Vecino Pico. E-mail: fundparticipar@yahoo.es
