Víctimas pidieron a soldados que confesaron falsos positivos en Santander que delataran a sus mandos inmediatos

Este jueves continuó la segunda jornada de la Audiencia de Consolidación de Aportes de Verdad de la Subsala Tercera, exclusivas para casos de Santander, realizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz. En la diligencia participan 28 comparecientes de la fuerza pública que pertenecían al Batallón de Infantería No. 14 'Capitán Antonio Ricaurte', organizo de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

De acuerdo con lo que explicó el magistrado Mauricio García, las actuales audiencias buscan contrastar los aportes a la verdad de los 28 comparecientes, que no fueron hallados como máximos responsables en nueve asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre 2003 y 2008, en Santander.

En este sentido, el magistrado García aclaró que en la Justicia Transicional Restaurativa se considera que un compareciente no es máximo responsable cuando, a pesar de haber participado en los hechos, no tuvo un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha del plan criminal ni en la definición y ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP.

De esta manera, los 28 comparecientes convocados a esta audiencia se encuentran en la Ruta No Sancionatoria de la JEP, la vía que les permitirá resolver su situación jurídica de forma definitiva sin que se les imponga una sanción, pero respondiendo a los derechos de las víctimas.

En la audiencia, presidida por el magistrado Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se buscará contrastar los aportes a la verdad de los 28 comparecientes, que no fueron hallados como máximos responsables en nueve asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre 2003 y 2008, en Santander.

Durante la diligencia, el togado recordó que los comparecientes, exsoldados de la Quinta Brigada, deben cumplir con una serie de condiciones para poder postularse a la Ruta No Sancionatoria para resolver su situación jurídica. Entre las condiciones se encuentran hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad por los hechos en los que hayan participado y contribuir con acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades.

Luego de instalar la diligencia intervino Juan Felipe García Arboleda, jefe del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la #JEP, quien expuso las dos modalidades criminales identificadas en los nueve hechos que aborda esta audiencia, tales como Asesinato y desaparición forzada de civiles que fueron sacados de sus casas, lugares de trabajo o interceptados en los transportes y vías públicas, los cuales eran señalados de pertenecer a grupos ilegales por guías o por personas cercanas a las unidades militares; Engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad social para ser trasladadas a lugares lejanos a su residencia, donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por la tropa.

“Siempre habrá sed de verdad”

“Los comparecientes tienen como obligación aportar elementos precisos de tiempo, modo y lugar que puedan constituir este proceso colectivo en una genuina práctica restaurativa. Por esto, este tipo de escenarios tienen la potencialidad de tejer otra escala de verdad, una escala a nivel micro, de mucho interés para las víctimas que asisten”, afirmó García Arboleda, jefe del GRAI de la JEP.

A continuación, el magistrado auxiliar itinerante, Jaime Andrés Contreras, leyó los antecedentes judiciales de cada uno de los ocho hechos victimizantes que se abordarán en la audiencia. El magistrado Mauricio García precisó que “la Jurisdicción es consciente de que no va a poder suplir toda la verdad que necesitan las víctimas. Esto es así porque siempre van a haber necesidades de verdad que no van a ser llenadas por los comparecientes. De esta manera, en estas audiencias, se tratará de obtener dicha verdad hasta donde sea posible, de la mayor manera, y resolver las dudas e inquietudes que tengan las víctimas de cada uno de los hechos”.

El magistrado García continuó explicándoles a las 20 víctimas convocadas, quienes hacen presencia física y virtualmente, el proceso que las ha traído hasta este momento y cómo ha avanzado la aceptación de responsabilidad, por parte de los comparecientes.

El magistrado auxiliar itinerante inició la narración sobre cada uno de los hechos, junto a los reconocimientos de los comparecientes. Comenzó con el homicidio de Joaquín Tarazona Bayona, ocurrido el 22 de marzo de 2003 en Matanza, Santander; y continuó con el homicidio de Mario José Rojas Ávila, ocurrido el 4 de agosto de 2003 en Charta, Santander.

La magistratura continuó con la narración de los hechos que llevaron a los homicidios de Juan de Jesús Díaz Arenis, cometido el 27 de junio de 2004, en Suratá, Santander; Didier Lasso Delgado y Jimy Alexander Ortiz, cometidos el 10 de febrero de 2005, en Lebrija, Santander; Adonai Gutiérrez, cometido el 23 de mayo de 2005, en El Playón, Santander; Venicio Muñoz Cáceres, cometido el 26 de marzo de 2006, en Sabana de Torres, Santander; Álvaro Hernán Díaz y Julián Andrés Arroyave, cometidos el 13 de enero de 2008, en Sabana de Torres, Santander.

Victimarios hablando cara a cara a los familiares

En este punto, El magistrado García hizo preguntas para contrastar y verificar los aportes de verdad que han realizado los comparecientes en diferentes audiencias y espacios ante la JEP, por los ocho hechos indagados en los que participaron miembros del Batallón Ricaurte en Santander, y que dejaron nueve víctimas.

Los abogados de las víctimas se dirigieron a los comparecientes que participan de forma presencial y virtual en esta audiencia para trasladar las preguntas de los familiares de las víctimas. Algunas de las preguntas estaban enfocadas en precisar información sobre los traslados a los lugares de los hechos, los procedimientos que realizaron, las órdenes precisas que recibieron y el paradero de los cuerpos de las víctimas.

En el caso del homicidio de Adonai Gutiérrez Villamizar, cometido el 23 de mayo de 2005, en El Playón, Santander, los seis comparecientes convocados por este hecho respondieron las preguntas y precisiones realizadas por la magistratura. Cenovia Gutiérrez Villamizar, hermana de Adonai, se pronunció para manifestar sus exigencias: “Señor magistrado yo lo que quiero es que me digan quién dio la orden... Aquí en Bucaramanga (…) yo me atrevo a decir que la orden salió de acá”.

El compareciente Cesar Augusto Hernández Pérez afirmó que sí había un plan criminal contra el señor Adonai Gutiérrez Villamizar. “Hoy en día, después de más de 20 años, (reconozco que) en este caso fui manipulado y seguiré reconociendo los actos criminales que cometí”, manifestó el compareciente.

Además, agregó: “Hoy estoy acá contándole lo que sucedió, la verdad, porque en estos años he tenido familia y hay cosas que estoy tratando de liberar como ser humano. (…) Siento que sí hay un plan de resocialización y esta oportunidad que me dio a mí Dios, el Estado y la JEP, me da la posibilidad de decirle a usted lo que pasó”.

La audiencia continuó con el caso del señor Venicio Muñoz Cáceres, asesinado el 26 de marzo de 2006, en Sabana de Torres, Santander, en el que están involucrados seis comparecientes. Cada uno de ellos respondió ante las preguntas de la magistratura en búsqueda de precisiones sobre ese hecho.