Lo que debía ser una celebración terminó convertido en un episodio de horror e indignación. Un caballo murió en plena cabalgata de San Gil, en medio de un evento autorizado por la Alcaldía municipal, pese a las advertencias expresas de la Procuraduría Provincial, que había recordado la obligación legal de proteger a los animales y garantizar atención veterinaria permanente.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El hecho, calificado como “aberrante y vergonzoso” por defensores de los animales, organizaciones sociales y ciudadanos, ocurrió en la noche del sábado, cuando el equino proveniente de Bucaramanga se desplomó cerca del barrio San Luis, en dirección a la plaza de ferias.

Según testigos, el animal mostraba signos evidentes de agotamiento y enfermedad durante el recorrido, pero su propietario decidió seguir llevándolo de cabestro, hasta que finalmente cayó sin poder levantarse.

“El caballo agonizó en plena vía, y aunque los veterinarios intentaron reanimarlo, ya no había nada que hacer. Murió en el suelo, ante la mirada impotente de quienes reclamaban el fin de este tipo de espectáculos”, relataron asistentes al evento.

Tras el deceso, los denunciantes aseguran que el cuerpo del animal fue abandonado entre el barrio San Luis y la plaza de ferias, en un acto que ha sido calificado como un símbolo de la indolencia institucional y la falta de control de las autoridades locales.

La advertencia ignorada

Precisamente, entes del evento, la Procuraduría Provincial de San Gil había emitido una circular dirigida al alcalde Edgar Orlando Pinzón, en la que recordaba la vigencia de la Ley 1774 de 2016 (Ley “Ángel”) y el artículo 339A del Código Penal, que sanciona el maltrato animal con penas de prisión entre 32 y 56 meses, además de inhabilidad y multas de hasta 60 salarios mínimos.

En esa comunicación, el ente de control ordenaba a la administración municipal garantizar la presencia de veterinarios, equipos, insumos e instalaciones adecuadas para la atención de animales enfermos o lesionados durante la cabalgata.

Sin embargo, los testimonios y registros fotográficos del evento confirman que ninguna de esas medidas se implementó, lo que convierte este caso en un incumplimiento flagrante de la normatividad y de las órdenes de la Procuraduría.

“Este lamentable episodio era evitable. La muerte del caballo es consecuencia directa de la omisión de la Alcaldía, que no adoptó las medidas preventivas exigidas por la ley”, señaló un representante de colectivos animalistas de Santander.

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Responsabilidad institucional

Las asociaciones protectoras de animales y ciudadanos indignados exigen a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Provincial de San Gil abrir investigaciones urgentes contra los organizadores del evento y las autoridades municipales, para determinar las responsabilidades penales y disciplinarias derivadas del maltrato y muerte del equino.

El hecho ha generado una ola de rechazo en redes sociales, donde el hashtag #MaltratoAnimal y las etiquetas #SanGil y #JusticiaParaElCaballo se han vuelto tendencia regional, con miles de usuarios exigiendo que se prohíban definitivamente las cabalgatas que impliquen explotación y sufrimiento animal.

Mientras la comunidad de San Gil y defensores de los animales piden sanciones ejemplares, la muerte del caballo revive el debate sobre la pertinencia de las cabalgatas en espacios públicos y la responsabilidad de los mandatarios locales en garantizar el cumplimiento de la ley.

“No se trata solo de un error, sino de una negligencia institucional que le costó la vida a un ser vivo. La Alcaldía ignoró las advertencias y permitió un espectáculo de dolor y muerte”, expresó un miembro del colectivo Animalistas del Oriente.

La tragedia ha puesto en entredicho la gestión del alcalde petrista Edgar Orlando Pinzón, señalado por omitir sus deberes de vigilancia y prevención, y por permitir la realización de un evento en el que primó el descontrol sobre la compasión.