El candidato presidencial Mauricio Lizcano llegó a Santander con el objetivo de abrirse paso entre los extremos ideológicos, bastante marcados en el departamento si se tiene en cuenta que los extremos ideológicos son los predominantes en el departamento luego de que tanto izquierda como derecha alcanzaran dos curules cada una, de las siete disponibles para esta región. ¿Cuál será la estrategia para capitalizar votos de centro en una zona del país ampliamente polarizada?

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Durante más de 24 horas de recorrido por el departamento, incluyendo su paso por Bucaramanga y el área metropolitana, el aspirante al primer cargo público del país, Mauricio Lizcano, insistió en que existe una “Colombia real” que se encuentra desconectada de los debates tradicionales entre derecha e izquierda, y que es precisamente allí donde pretende anclar su propuesta política.

Su diagnóstico parte de una percepción reiterada en sus encuentros con ciudadanos, gremios y sectores económicos: el malestar cotidiano. En Bucaramanga, según relató, ese descontento se expresa en tres frentes concretos que terminan condicionando cualquier agenda pública: el costo de vida, las fallas en el sistema de salud y las dificultades en movilidad e infraestructura. No se trata, en su visión, de problemas aislados, sino de síntomas de una desconexión estructural entre las decisiones del nivel nacional y las necesidades regionales.

En ese contexto, uno de los temas que más eco encontró durante su visita fue el incremento del impuesto predial, una preocupación creciente en Bucaramanga y que ya se extiende a otros municipios de Santander. Lizcano planteó que el problema tiene raíces tanto nacionales como locales.

Por un lado, cuestionó los rangos definidos por la ley que permiten incrementos elevados tras las actualizaciones catastrales; por otro, señaló directamente a los concejos municipales como responsables de fijar tarifas que, en muchos casos, terminan siendo desproporcionadas frente a la capacidad de pago de los ciudadanos.

Su propuesta apunta a una reforma desde el nivel central. Como eventual presidente, aseguró que impulsaría una ley para reducir los rangos permitidos en los aumentos del predial, especialmente en contextos de actualización catastral. La idea, explicó, es evitar alzas que superen el 30 o 40 por ciento, cifras que considera insostenibles para las economías familiares. Sin embargo, también dejó claro que la solución no es exclusivamente nacional: insistió en que las autoridades locales deben asumir su responsabilidad ajustando las tarifas dentro de esos rangos para evitar lo que calificó como “abusos” contra los contribuyentes.

Otro eje central de su discurso en Bucaramanga fue la crisis del sistema de transporte masivo Metrolínea, convertido en símbolo de las dificultades estructurales de movilidad en la ciudad. Lizcano no esquivó el diagnóstico: reconoció que el sistema “no ha podido funcionar” y lo calificó como un desastre, pero rechazó la idea de que su inviabilidad económica sea una anomalía.

En su visión, el error ha sido evaluar estos sistemas bajo criterios de rentabilidad financiera y no de servicio público. Recordó que, en la mayoría de ciudades del mundo, los sistemas de transporte masivo operan con subsidios estatales, y defendió que esa debe ser también la lógica en Colombia. Su propuesta concreta para Bucaramanga pasa por una intervención decidida del gobierno nacional: financiamiento, modernización de la flota y mantenimiento de subsidios que permitan garantizar la operación.

Más allá de la coyuntura local, el candidato utilizó el caso de Metrolínea para plantear una política más amplia. Sostuvo que el gobierno nacional debe asumir un papel más activo en la financiación de los sistemas de transporte masivo, en línea con lo que establece la llamada ley de metros, donde la Nación cubre hasta el 70% de los costos. Para Lizcano, la recuperación del sistema en Bucaramanga no solo es posible, sino necesaria para mejorar la calidad de vida y reducir los tiempos de desplazamiento en el área metropolitana.

La infraestructura regional también ocupó un lugar destacado en su agenda. Durante su recorrido, recogió múltiples inquietudes sobre la falta de conectividad vial entre Santander y otras regiones estratégicas como Bogotá y Cúcuta. En respuesta, planteó la necesidad de un “mejor trato” por parte del gobierno nacional, con inversiones en vías primarias, secundarias y terciarias que permitan integrar al departamento y dinamizar su economía. Aunque no detalló proyectos específicos, dejó entrever que su enfoque priorizaría la conectividad como motor de desarrollo regional.

No más desastre total

En materia de seguridad y conflicto armado, Lizcano adoptó una postura tajante frente a la política de Paz Total. Su balance es abiertamente crítico: la calificó como un “desastre total” y cuestionó tanto su diseño como su ejecución. Según su visión, la multiplicidad de procesos simultáneos con distintos grupos armados ha debilitado la capacidad del Estado para ejercer control territorial.

Su propuesta implica un giro significativo. Plantea que, en una eventual presidencia, lo primero sería recuperar la autoridad del Estado y garantizar condiciones de seguridad en el territorio. Solo después de consolidar ese control, abriría la puerta a eventuales negociaciones, pero bajo un enfoque distinto. No descarta el diálogo como herramienta, pero lo condiciona a una posición de fortaleza institucional, en contraste con lo que considera una estrategia actual desordenada y poco efectiva.

Este planteamiento tiene implicaciones directas para regiones como Santander, que si bien no presenta altos niveles de presencia armada en su núcleo, sí se ve afectada por dinámicas de seguridad en zonas periféricas y corredores estratégicos. La promesa de recuperar el control territorial busca, en ese sentido, ofrecer garantías de estabilidad para la región.

A lo largo de su intervención, Lizcano volvió de manera recurrente a su concepto de la “Colombia real”, una narrativa que intenta posicionar como alternativa frente a la polarización política. En Santander, ese discurso encontró terreno fértil en preocupaciones concretas como el predial, el transporte y la seguridad, temas que, más allá de las ideologías, configuran la vida cotidiana de los ciudadanos.

Sin embargo, el desafío para su candidatura radica en traducir esas propuestas en una estructura política capaz de competir en un escenario donde, como él mismo reconoce, los extremos han concentrado el protagonismo. Su apuesta es que existe un electorado dispuesto a buscar alternativas distintas, especialmente en regiones como Santander, donde el malestar económico y social podría convertirse en un factor decisivo en las próximas elecciones.

El paso de Mauricio Lizcano por Bucaramanga deja así un conjunto de promesas claras en temas sensibles para la región, pero también plantea interrogantes sobre su viabilidad política y la capacidad de articular soluciones que dependen, en gran medida, de la coordinación entre niveles de gobierno. En un país atravesado por tensiones ideológicas, su propuesta intenta desplazarse hacia lo pragmático, con el riesgo —y la oportunidad— de ser evaluada directamente por su capacidad de respuesta a los problemas concretos de los territorios.