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Exalcalde de Cartagena es inhabilitado por mal manejo de contratos durante la pandemia

El exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, ha sido inhabilitado durante nueve años para ocupar cargos públicos, debido a irregularidades en un proceso de contratación durante la pandemia. La misma sanción se aplicó al exdirector de Salud del Distrito, Álvaro Fortich Rebollo.

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El exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, ha sido inhabilitado durante nueve años para ocupar cargos públicos, debido a irregularidades en un proceso de contratación durante la pandemia. La misma sanción se aplicó al exdirector de Salud del Distrito, Álvaro Fortich Rebollo.

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La Procuraduría General de la Nación ha inhabilitado al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, por nueve años para ocupar cargos públicos. La sanción se deriva de irregularidades detectadas en un proceso de contratación durante la pandemia de Covid-19.

A pesar de que Dau Chamatt defendió su gestión y destacó que su administración fue pionera en la adquisición de pruebas para la pandemia, recibió críticas por la compra realizada a la empresa Ventas, Distribución y Marketing Ltda.

Según la Procuraduría, esta empresa no estaba capacitada para suministrar las pruebas necesarias y carecía de la habilitación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para comercializarlas.

La sanción también afectó a Álvaro José Fortich Rebollo, exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), quien fue destituido e inhabilitado por el mismo período que Dau Chamatt, debido a las mismas irregularidades en el proceso de contratación.

La investigación preliminar comenzó el 29 de abril de 2020 y reveló que la falta de idoneidad del contratista comprometió los principios de la contratación de emergencia. Este tipo de contratación estaba destinado a facilitar un diagnóstico oportuno y una respuesta efectiva ante la crisis de salud pública causada por la pandemia.

El fallo de primera instancia subraya la importancia de asegurar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública, especialmente durante situaciones críticas como la emergencia sanitaria por Covid-19.