Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Dijín de la Policía Nacional, logró la ocupación de 136 bienes que presuntamente pertenecían a Helman Yesid Novoa Gómez, alias ‘El Socio’, un narcotraficante señalado por sus vínculos con el Clan del Golfo y las FARC-EP. Estos bienes, cuyo valor total preliminar supera los 109.390 millones de pesos, estaban distribuidos en varios departamentos de Colombia, incluyendo Santander, donde se ubicaron inmuebles en el municipio de Barbosa.
Alias ‘El Socio’ es considerado un narco 'invisible', debido a su habilidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades mientras dirigía una red de lavado de dinero y narcotráfico. En 2013, fue condenado a 5 años y 11 meses de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir agravado. A pesar de esta condena, en la actualidad se encuentra en libertad tras cumplir su pena.
La investigación reveló que Novoa Gómez utilizó una compleja red de familiares y personas de confianza para adquirir y registrar estos bienes a sus nombres, con el fin de dar una apariencia de legalidad y evadir los controles que las autoridades pudieran ejercer sobre los predios. Entre los bienes ocupados se encuentran 92 inmuebles, que incluyen un edificio de 11 pisos en el centro de Barranquilla, dos fincas situadas en zonas turísticas de Tolima y Caldas, además de oficinas, garajes, locales, apartamentos, lotes, y casas. También se incautaron dos inmobiliarias, 32 títulos valores, nueve vehículos y tres establecimientos de comercio.
La ocupación de estos bienes es un golpe significativo contra las estructuras del narcotráfico en Colombia, que han intentado infiltrarse en la economía legal a través de inversiones en bienes raíces y empresas fachada. Los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encargará de su administración.
Este caso subraya la persistencia de las organizaciones criminales en su esfuerzo por legitimar capitales ilícitos, y el compromiso de las autoridades colombianas en su lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
