Resumen
La Procuraduría investiga al exembajador Álvaro Ninco Daza y otros tres funcionarios por publicaciones en la red social X que podrían haber afectado el honor de la periodista Diana Saray Giraldo, vinculando su información con un homicidio y promoviendo violencia digital.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exembajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza (2023 – 2024), así como al viceministro de la Juventud, Gareth Steven Sella Forero, y otras dos personas, por sus comentarios en la red social X contra la periodista Diana Saray Giraldo Mesa.
Las otras personas a quienes se les abrió investigación son la jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio para la época de los hechos, María Niny Echeverry, y Jaider David Rozo Rojas, de RTVC Sistema de Medios Públicos.
Los disciplinables habrían realizado, entre marzo y junio últimos, publicaciones en la red social X en donde señalaban que una información dada por la periodista en una emisora nacional había originado el homicidio del líder campesino Josué Castellanos, durante hechos ocurridos el 5 de marzo pasado, en Tame, Arauca.
Para el Ministerio Público las manifestaciones realizadas pudieron atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora y "promover un escenario de violencia digital en su contra”.
En el mismo auto, el órgano de control reconoció como víctima dentro del proceso disciplinario a Giraldo Mesa, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1257 de 2008, que dicta las normas para la sensibilización y sanción contra las formas de violencia y discriminación, así como en los tratados y convenios internacionales que establecen que las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física y sicológica y a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, entre otras conductas.
En consecuencia, podrá solicitar, aportar e intervenir en la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario iniciado; interponer los recursos de ley; presentar las solicitudes que considere necesarias, y solicitar y obtener copias del proceso cuando lo considere necesario.
Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, determinar si es una falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la posible responsabilidad de los investigados.
