Academia lidera formulación de políticas públicas para fortalecer inclusión y equidad en Bucaramanga

El Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) liderará la formulación de cuatro políticas públicas clave para Bucaramanga, enfocadas en discapacidad, barrismo social, población NARP y comunidades étnicas, así como en paz y derechos humanos. Este proyecto hace parte de una alianza estratégica entre la academia y la Alcaldía de Bucaramanga, que busca fortalecer la gestión pública mediante el conocimiento técnico y la participación ciudadana.

El lanzamiento oficial de esta estrategia tuvo lugar el pasado 13 de junio, en un evento organizado por la Secretaría de Planeación del municipio. Allí se presentaron las bases de siete nuevas políticas públicas que se desarrollarán con el acompañamiento de tres universidades: UNAB, Pontificia Bolivariana y Manuela Beltrán. El propósito es construir lineamientos con rigor técnico y enfoques participativos que respondan de forma concreta a las necesidades de poblaciones históricamente marginadas.

Durante el evento, se presentó el Manual de formulación e implementación de políticas públicas, un documento elaborado por el IEP de la UNAB con el fin de estandarizar los procesos y elevar la calidad técnica de las políticas locales. “Hemos identificado que muchas políticas adoptadas en el municipio son apenas diagnósticos o guías generales. Este manual busca que tanto funcionarios como ciudadanía entiendan qué debe contener una política pública bien estructurada”, explicó María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del IEP y coordinadora del proyecto.

Líneas de trabajo

Una de las apuestas más significativas será la formulación de la política pública de discapacidad, que priorizará la garantía de derechos en salud, educación y empleo, así como la mejora en la conectividad y vivienda de esta población. También se trabajará en el reconocimiento de estigmas y prácticas discriminatorias. Miguel Pardo Uribe, líder del proceso, afirmó que ya existen acercamientos con el Comité Municipal de Discapacidad y que en julio se iniciarán espacios de participación con las personas afectadas y sus familias. “Este enfoque está alineado con las recomendaciones de Naciones Unidas y nace de los mismos colectivos de discapacidad del municipio”, señaló.

En paralelo, la política para la población NARP y comunidades étnicas se desarrollará a partir del diálogo directo con los miembros de estas comunidades. “Queremos que este proceso no se les imponga, sino que se construya desde sus voces. Estamos haciendo un mapeo con la Secretaría del Interior y una revisión documental que nos dé una panorámica de las barreras históricas que enfrentan”, indicó Andrea Suárez Molina, líder de esta política.

Otra línea de trabajo clave es la que aborda el barrismo social, con el objetivo de resignificar la imagen de las barras futboleras y visibilizar su potencial transformador dentro de sus comunidades. Jonathan Méndez Espíndola, coordinador de este proceso, explicó: “Los barristas hacen parte de la identidad de Bucaramanga, pero siguen siendo estigmatizados. Nuestra intención es cambiar esa mirada institucional que tradicionalmente ha sido de control, y mostrar las expresiones culturales y sociales que emergen desde las mismas barras”.

Asimismo, se trabajará en una política de paz y derechos humanos que complemente estas iniciativas y promueva una ciudad más incluyente y respetuosa de la diversidad.

Franz Dieter Hensel Riveros, vicerrector académico de la UNAB, destacó el papel fundamental de las universidades en este proceso: “Nuestra naturaleza académica nos permite ofrecer una mirada rigurosa sobre estas problemáticas. Esta colaboración fortalece tanto las capacidades técnicas de las instituciones como las de los funcionarios públicos, y permite que las políticas respondan verdaderamente a las necesidades reales de las comunidades”.

El IEP ya cuenta con experiencia destacada en este campo. En 2022, participó en la formulación de las políticas públicas de Juventudes y de Transparencia y Anticorrupción, reconocidas por organismos como la CEPAL y la Red Académica del Gobierno Abierto Internacional (RAGA).

Estas nuevas políticas, que se espera estén listas a mediados de 2026, representan una apuesta concreta por el desarrollo inclusivo, la participación ciudadana y la consolidación de una gestión pública basada en evidencia y diálogo con los territorios.