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Actualización catastral desactualizada. En el 2025 se debe hacer otro reajuste de avalúos en Bucaramanga.

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Resumen

El alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Antioquia reclaman mayor autonomía fiscal y administrativa del Gobierno Nacional. Cuestionan la actualización catastral y el incremento del Impuesto Predial Unificado (IPU) de 2022 y 2024 debido a errores jurídicos y técnicos.

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Por: Juan Manuel Álvarez Cruz

En los últimos días hemos presenciado a mandatarios recién posesionados como el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, reclamando mayor autonomía fiscal y administrativa frente al Gobierno Nacional mediante un cambio de modelo institucional en el país que permita la descentralización a favor de los gobiernos subnacionales. Para lograr dicho fin, se han planteado diversas líneas estratégicas por parte de la Misión de Descentralización como equipo técnico especializado creado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), siendo la aplicación del Catastro Multipropósito y la actualización catastral una de las más importantes que permite fortalecer el erario municipal y la construcción de planes de ordenamiento acordes a la realidad del territorio.

A pesar que el país ha venido avanzando en la actualización del catastro e instrumentos de planificación, pasados cinco años del proceso iniciado por el ex – alcalde Rodolfo Hernández, la base catastral para liquidar el Impuesto Predial Unificado (IPU) en Bucaramanga está lejos de normalizarse, presentando serios reparos de tipo jurídico y técnico en la implementación del reajuste de avalúos que permitieron el aumento del IPU en los años 2022 y 2024. Lo anterior se concluye con base en la exposición realizada hace un par de semanas en sesiones del Concejo Municipal de Bucaramanga por parte de la Secretaría de Hacienda y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) en calidad de gestor catastral sobre la metodología utilizada para hacer el incremento de los avalúos catastrales.

Según las entidades antes mencionadas, el aumento en los avalúos aplicados en el año 2024 entró en vigencia para los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana de Bucaramanga en el año 2019 con base en la Resolución 052 de 2018 del IGAC, la cual genera efectos legales hasta tanto no haya sentencia de última instancia en el Tribunal Administrativo de Santander. Eso quiere decir que, según el AMB, la actualización catastral tiene como punto de partida el año 2019 y los años no cobrados fueron reajustados con retroactivo a pesar que no se aplicaron los incrementos de avalúos en las vigencias 2019 (para quienes no pagaron), 2020, 2021, 2022 y 2023. Dicha maniobra jurídica, no solo es compleja de explicar, también es errada e irregular en razón que, independiente de la legalidad de los actos administrativos que generaron la renovación de los valores del catastro en los inmuebles de Bucaramanga, la norma exige un procedimiento y unos términos que se omitieron y vician la actualización catastral aplicada en el año 2024 que generó el aumento en la liquidación del IPU en los Bumangueses.

Sin embargo, siguiendo la línea interpretativa de la Secretaría de Hacienda, si partimos de la base que, en el 2024 se implementan los estudios de avalúos realizados en el 2018, es una obviedad que para el próximo año dichos valores estén desactualizados y la Alcaldía de Bucaramanga está en la obligación legal de realizar un nuevo proceso de actualización catastral que se debería aplicar en el año 2025 teniendo en cuenta que, la norma exige un término de 5 años para renovar valores catastrales. ¿Cómo la administración le va a explicar a los bumangueses que en el año 2024 liquidó incrementos en el IPU con una base desactualizada y en el 2025 por obligación legal tiene que hacer una nueva actualización catastral?

La decisión de la administración de implementar los estudios del 2018 no solo pone en riesgo el cobro del aumento del IPU por ir en contra de la norma catastral nacional y el Estatuto Tributario Municipal, también crea un limbo jurídico que perjudica los intereses de los bumangueses. Por ejemplo, para efectos del artículo 18 de la Ley 820 de 2003 respecto a inmuebles arrendados, la estimación comercial del avalúo correspondiente al 2024 no está vigente, el vigente es el avalúo del año 2013 en virtud del artículo 4.7.3. de la Resolución 1040 de 2023 y, sobre convenios de cofinanciación para sistemas de transportes, según el parágrafo 7 del artículo 172 del Plan Nacional de Desarrollo, los municipios del AMB deben actualizar sus catastros si quieren apoyo nacional para el sistema de transporte masivo, tarea titánica para Bucaramanga que tendrá que convencer a sus contribuyentes de pagar dos aumentos de catastro seguidos si queremos una base catastral actualizada.

En ese orden de ideas, para información de los bumangueses, independiente si se cae la actualización catastral por vicios en el procedimiento que hemos denunciado y en consecuencia el aumento del cobro del impuesto predial en los años 2022 y 2024, o, continúa el cobro del incremento en caso que la comunidad no reclame la reliquidación a pesar de las advertencias realizadas, la Alcaldía de Bucaramanga está en la obligación legal de realizar otros estudios de avalúos e implementar una nueva actualización catastral para el año 2025.

Así las cosas, frente a una proceso heredado con irregularidades venidas de años anteriores, para la actual administración cualquier decisión que tome no es fácil toda vez que puede afectar el recaudo, sin embargo, es preferible actuar en derecho reliquidando el IPU con avalúos del 2013, reajustar el presupuesto para el Plan de Desarrollo Municipal, reorganizar el catastro en el AMB dando la importancia que se merece, realizar estudios de avalúos que actualicen el catastro para el año 2025 y no exponerse a reclamaciones, perdida de imagen reputacional, procesos ante entes de control y demandas que seguramente serán ganadas por los contribuyentes debido a la ilegalidad en el procedimiento de incremento de los avalúos, además, de la devolución o compensación de saldos por cobro de lo no debido y desajuste en el erario municipal de los próximos cuatro años. La ciudad requiere un catastro actualizado si anhela avanzar en el proceso de descentralización administrativa y lograr un desarrollo económico y territorial para los bumangueses, razón por la cual, esperamos que sean tenidas en cuenta las recomendaciones respetuosas realizadas desde esta tribuna.

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