Acusación del presidente Petro: un posible 'fraude monumental' por control de datos electorales

Acusación del presidente Petro: un posible 'fraude monumental' por control de datos electorales

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha encendido alarmas al denunciar una situación que, de ser cierta, comprometería profundamente la integridad de la democracia en el país. Petro ha acusado a la empresa Thomas Greg & Sons de tener acceso y control sobre las bases de datos de los ciudadanos colombianos, lo que les otorgaría un poder sin precedentes sobre la cedulación y los procesos electorales.

El temor del mandatario surge a raíz de lo que él describe como 'lobby de políticos muy poderosos', que habría permitido a la empresa privada controlar tanto la Registraduría Nacional como el escrutinio de votos. Petro advierte sobre la posibilidad de un 'fraude monumental' debido a este dominio.

Además, Petro hizo referencia a un incumplimiento por parte de la empresa en relación al cambio de software ordenado por el Consejo de Estado. Según el presidente, esto es una muestra de la ambición de la compañía por apoderarse del sistema de cedulación y también del proceso de elaboración de pasaportes.

Por otra parte, José Antonio Salázar, el recién destituido secretario general de la Cancillería, defendió su decisión de conceder un contrato controvertido a Thomas Greg & Sons. Previamente, esta atribución le costó el cargo por órdenes de Petro. En una entrevista con Blu Radio, Salázar argumentó que siguió la Constitución y la ley, y que no teme las consecuencias anunciadas por el mandatario.

Antes de ser despedido, Salázar expresó que buscaba evitar 'un dolor de cabeza mayor' al canciller Álvaro Leyva y al embajador Luis Gilberto Murillo. Además, reveló que actuó según las instrucciones del canciller en funciones y bajo la impresión de que Murillo buscaba una conciliación con la multinacional.

Esta situación desata interrogantes sobre la transparencia y la seguridad de los futuros procesos electorales en Colombia, y pone en juego la confianza de los ciudadanos en la gestión y custodia de sus datos personales por entidades gubernamentales y privadas.