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Alerta de la Procuraduría: Retrasos en el ICBF podrían perjudicar a más de un millón de niños en Colombia

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Resumen

La Procuraduría General de la Nación de Colombia advierte sobre retrasos en el Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, potencialmente afectando a 1.2 millones de menores. Problemas en selección de operadores y ejecución de contratos fueron identificados.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Se enciende una señal de alarma ante un posible impacto negativo en la niñez colombiana, a raíz de los significativos retrasos en la contratación del Programa de Primera Infancia gestionado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una advertencia sobre esta situación, que podría afectar a más de 1.2 millones de menores a nivel nacional, tal como lo informa el órgano de control en un comunicado oficial.

La Procuraduría ha detectado que existen "problemas graves en la selección de operadores, la firma de contratos y su respectiva ejecución en el terreno". Esta demora podría comprometer severamente los derechos de niños, niñas y mujeres embarazadas.

Las investigaciones del órgano de control revelaron que de 1,325 zonas destinadas para la operación del ICBF, 240 permanecen sin servicio y en las restantes aún "no se han firmado contratos o no se ha procedido a su ejecución".

La procuradora Margarita Cabello ha hecho énfasis en la necesidad de que el ICBF actúe con urgencia para resolver la situación de contratación, priorizando los derechos de los infantes. "Me pregunto: ¿cuál es la causa de tanta demora que está perjudicando la vida de nuestros menores?", cuestionó Cabello.

En departamentos como La Guajira, la preocupación es aún mayor. Se estima que 44,000 niños wayuu están privados de los servicios del programa que incluye aspectos cruciales como la educación inicial, la alimentación nutritiva y el acompañamiento familiar.

La situación se agrava tras el descubrimiento de 220 contratos irregulares relacionados con 59 operadores que compartían el mismo representante legal y dirección física, así como errores en su constitución y alcance. Esto resultó de una investigación realizada por el ICBF en conjunto con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

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