Arrebatar infancias fue una política de facto nacional: JEP imputa a 20 exjefes regionales de las Farc por reclutamiento sistemático de menores

Por primera vez, la justicia transicional colombiana consolida una radiografía integral que demuestra que el reclutamiento infantil en las Farc fue sistemático, organizado, prolongado y funcional a su proyecto militar. La decisión obliga a mirar de frente una verdad incómoda: en Colombia, durante décadas, miles de niños fueron usados como piezas reemplazables en una estrategia armada.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En una de las decisiones más demoledoras emitidas hasta ahora por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los crímenes cometidos por las extintas Farc-EP, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó este 28 de abril a 20 antiguos mandos regionales de esa organización armada a responder como máximos responsables por el reclutamiento y utilización sistemática de niños, niñas y adolescentes en vastas regiones del país, una práctica que durante décadas convirtió la niñez colombiana en combustible de guerra.

La decisión, adoptada en el marco del Caso 07, no solo identifica responsabilidades individuales de antiguos comandantes y operadores territoriales. También profundiza una conclusión judicial de enorme gravedad histórica: el reclutamiento de menores no fue una suma de excesos locales ni hechos aislados, sino una política de facto extendida por casi todo el territorio nacional, sostenida por la estructura militar, la expansión estratégica y las metas de crecimiento de personal de la antigua guerrilla.

La investigación establece que, aunque en normas internas se hablaba de restricciones formales, en la práctica las Farc incorporaron de manera recurrente a menores de edad, incluidos niños y niñas menores de 15 años, mediante fuerza, coerción, engaño, presión comunitaria y falsas promesas. La JEP concluyó que el aparato insurgente privilegió la utilidad militar por encima de la edad real o del consentimiento libre, consolidando así una maquinaria de incorporación infantil funcional a sus objetivos armados.

El Universo Provisional de Hechos del Caso 07 documentó 18.677 casos de reclutamiento entre 1971 y 2016, la cifra más amplia construida judicialmente en Colombia sobre este crimen.

La Sala encontró que el fenómeno se repitió de forma sistemática en todo el país, con excepción de San Andrés y Santa Catalina, y que alcanzó especial crudeza entre 1996 y 2016, con picos particularmente violentos en 1999, 2002, 2007 y 2013.

El Bloque Oriental concentró casi la mitad de los casos nacionales, con 8.987 victimizaciones, confirmando la magnitud de la maquinaria de incorporación en una de las estructuras más poderosas de las Farc.

La conclusión judicial resulta contundente: hubo una organización jerárquica en la que comandancias nacionales, bloques y frentes reprodujeron una política sostenida que terminó normalizando la presencia de menores en campamentos, unidades móviles, tareas de inteligencia, combate, logística y control territorial.

Niñez étnica, una herida cultural

La decisión subraya una dimensión devastadora que durante años fue minimizada: el reclutamiento golpeó de manera sistemática a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, profundizando no solo el daño individual sino el riesgo de fractura cultural.

Cinco pueblos indígenas acreditados como víctimas colectivas, entre ellos Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani y Cubeo, denunciaron que el reclutamiento de sus niños y niñas quebró sistemas de autoridad, transmisión espiritual, lenguas y continuidad generacional.

“Nadie les pidió permiso”, resumieron comunidades ante la JEP, que recogió testimonios sobre menores arrancados de resguardos y territorios ancestrales sin respeto alguno por autonomía o gobierno propio.

En territorios afro como el consejo comunitario Consafro, la incorporación forzada de menores produjo desplazamiento, estigmatización, fractura familiar y debilitamiento organizativo.

No se trató únicamente de niños convertidos en combatientes. En muchos casos, fue también la amputación de memoria colectiva, cultura y futuro comunitario.

Los desaparecidos: familias que aún buscan a sus hijos

Uno de los capítulos más dolorosos sigue abierto: centenares de niños y niñas reclutados permanecen desaparecidos o con paradero desconocido. Madres, padres y familiares caminaron durante años por trochas, campamentos, emisoras rurales y oficinas estatales buscando respuestas que muchas veces nunca llegaron.

La JEP reportó que, dentro del Plan de Apoyo a la Búsqueda del Caso 07, actualmente se busca a 498 niños y niñas, mientras apenas se ha logrado recuperar y entregar a 26 personas, 17 de ellas víctimas directas de reclutamiento.

Detrás de cada cifra hay escenas brutales: madres esperando décadas, familias que supieron tarde que sus hijos murieron en combate, y otras que aún sobreviven sin una tumba, sin restos, sin certeza. La guerra no solo se llevó a sus hijos. También suspendió el duelo.

Aunque esta decisión territorial se concentra en el patrón de reclutamiento, la JEP ya había documentado previamente otros cuatro macrocrímenes asociados a la vida intrafilas: homicidios, torturas, violencias sexuales, violencias reproductivas y persecución basada en prejuicio.

Eso significa que para miles de menores el crimen no terminó al ser incorporados. Apenas comenzaba.

Niñas sometidas a violencia sexual, abortos forzados o control reproductivo; adolescentes castigados brutalmente; menores ejecutados por intentos de fuga o disciplina interna. La guerra dentro de la guerra.

Ahora, los 20 imputados deberán decidir si reconocen responsabilidad. Si lo hacen, avanzarán hacia sanciones propias dentro del modelo restaurativo. Si no, enfrentarán la posibilidad de juicios adversariales y condenas de hasta 20 años.

Pero para muchas víctimas, más allá de las sanciones, la exigencia sigue siendo otra: saber dónde están quienes nunca regresaron. Porque en cientos de hogares colombianos, la guerra todavía tiene el tamaño de una cama vacía.

20 máximos responsables señalados por la JEP

La Sala imputó como máximos responsables regionales por liderazgo o participación determinante a antiguos integrantes de bloques estratégicos de las Farc, entre ellos comandantes de estructuras que operaron durante años en zonas profundamente golpeadas por la ausencia estatal, la pobreza rural y el control armado.

La JEP sostiene que muchos de ellos, desde sus posiciones de mando, no solo conocieron el patrón criminal, sino que lo facilitaron, reprodujeron o ejecutaron como parte de una lógica de expansión armada. Entre los principales señalados están:

Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’, excomandante del Bloque Sur.

Rodolfo Restrepo Ruiz, alias ‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’, excomandante del Bloque Noroccidental y del Bloque Oriental.

Ángel Alberto García Sánchez, alias ‘Hernán Benítez’, excomandante del Bloque Sur.

Álvaro Guazá Carabalí, alias ‘Kunta Kinte’, coordinador interfrentes del Bloque Oriental.

Darío Lee Díaz, alias ‘Robledo’ o ‘Tatareto’.

Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’.

Erasmo Traslaviña Benavides, alias ‘Jimmy Guerrero’, del Bloque Magdalena Medio.

Pedro Trujillo Hernández, alias ‘Alberto Muñoz’ o ‘Cancharina’.

Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.

Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’.

Martín Cruz Vega, alias ‘Rubín Morro’.

Jesús Mario Arenas Rojas, alias ‘Marcos Urbano’, ‘El Barbado’ u ‘Osama’.

Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’.

Gilberto de Jesús Giraldo David, alias ‘Aldemar Altamiranda’.

Por participación determinante:

Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlón’ o ‘Duván’.

Henoc Capera Trujillo, alias ‘Giovany Castro’.

Elmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’.

Jerminson Álvaro Noreña Camargo, alias ‘Irson Córdoba’.

Gustavo Gómez Urrea, alias ‘Víctor Mejía Jecho’.

Álvaro García Velandia, alias ‘Flaminio’.