Así van los líos judiciales del Alcalde Marco Cortes tras una corrida de toros en Barbosa

La realización de una corrida de toros el pasado 1 de enero en el municipio de Barbosa, Santander, en el marco de las festividades de inicio de año, abrió un debate que trascendió el plano cultural y social para instalarse de lleno en el terreno jurídico y disciplinario.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La polémica, alimentada por cuestionamientos de sectores animalistas y dirigentes políticos regionales y nacionales, motivó a la Procuraduría General de la Nación a iniciar una acción disciplinaria con el fin de establecer si la administración municipal cumplió con todos los requisitos legales para autorizar el evento.

El caso, que ha generado posiciones encontradas, hoy se mueve en dos carriles paralelos: por un lado, la investigación del Ministerio Público, enfocada en verificar el cumplimiento de la normatividad; y por otro, la postura del alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, quien ha salido en defensa de la corrida como una expresión de identidad cultural y una actividad con impacto económico para el municipio.

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar, adscritos a la Alcaldía de Barbosa, con el objetivo de esclarecer si para la realización de la corraleja y corrida de toros del 1 de enero de 2026 se contaba con la totalidad de los permisos y documentos exigidos por la ley.

De acuerdo con el ente de control, la investigación busca establecer si el municipio cumplió con aspectos clave como la existencia de una póliza todo riesgo de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, que cubriera cualquier eventualidad derivada del espectáculo. Asimismo, la Procuraduría Provincial de Vélez indaga si Barbosa puede acreditar una tradición continuada e ininterrumpida en actividades taurinas, un elemento relevante dentro del marco normativo que regula este tipo de eventos en Colombia.

El Ministerio Público precisó que, en ejercicio de sus funciones preventivas, ya había advertido a la administración municipal sobre estos requisitos mediante un oficio fechado el 29 de diciembre de 2025, es decir, apenas días antes de la realización del espectáculo taurino. Esa comunicación previa hace parte ahora del acervo documental que será analizado dentro de la indagación disciplinaria.

Aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar y no señala responsables específicos, sí deja abierta la posibilidad de establecer eventuales faltas disciplinarias por parte de servidores públicos que hayan participado en la autorización o supervisión del evento.

La corrida de toros, programada como uno de los eventos centrales para recibir el año nuevo en Barbosa, generó desde su anuncio una fuerte reacción de colectivos animalistas y de algunos dirigentes políticos del departamento y del país. Entre las voces críticas se encuentran el diputado Danovis Lozano, el exconcejal de Bucaramanga Carlos Parra y el representante a la Cámara Cristian Avendaño, quienes cuestionaron la legalidad del espectáculo y su pertinencia en un contexto de creciente rechazo social a las prácticas taurinas.

Las críticas se intensificaron tras la realización del evento, especialmente luego de que se registraran protestas y un plantón que, según reportes, terminó en episodios de tensión, violencia e intimidación. Estos hechos aumentaron la visibilidad del caso y aceleraron la intervención de los organismos de control.

La respuesta del alcalde

Frente a los cuestionamientos y al anuncio de la investigación disciplinaria, el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, asumió una postura firme de defensa de las decisiones adoptadas por su administración. En declaraciones públicas, el mandatario aseguró que la corrida de toros se llevó a cabo cumpliendo con la normatividad vigente y sin la utilización de recursos públicos.

“Se trató de una inversión privada, con las pólizas y las garantías exigidas por la ley”, afirmó Cortés, al tiempo que rechazó las acusaciones de irregularidades en la organización del evento.

El alcalde también fue enfático en señalar que las decisiones en torno a los espectáculos taurinos responden a la identidad cultural, histórica y económica de Barbosa, un municipio con profundas raíces rurales y tradiciones ligadas al campo y a la ganadería. En ese sentido, recalcó que no permitirá que “actores externos” interfieran en lo que considera asuntos propios de la autonomía local.

“Yo gobierno para mi ciudad y defiendo a mi ciudad”, sostuvo el mandatario, cuestionando la legitimidad de las críticas provenientes de dirigentes políticos de Bucaramanga, a quienes acusó de no tener injerencia ni responsabilidad directa sobre la realidad social y económica de Barbosa.

Tradición, economía y respaldo ciudadano

Uno de los argumentos centrales del alcalde Cortés ha sido el impacto económico que, según su versión, generaron los eventos realizados durante las festividades de inicio de año. La corrida de toros, el carnaval, la cabalgata y la feria equina habrían dinamizado sectores como el comercio informal, la hotelería, la gastronomía y el turismo local.

El mandatario aseguró que la plaza de toros estuvo llena y que la actividad contó con respaldo ciudadano, lo que, a su juicio, evidencia que estos espectáculos siguen teniendo arraigo en una parte importante de la población.

Frente a los señalamientos del movimiento animalista, Cortés defendió lo que denominó la “convivencia histórica entre el ser humano y los animales en el contexto rural de Barbosa y la provincia de Vélez”. Para el alcalde, el debate sobre las corridas de toros no puede desligarse de la realidad económica de cientos de familias que dependen, directa o indirectamente, de estas actividades.

En medio de la controversia, el alcalde reiteró su respeto por el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero rechazó los actos que, según su versión, buscaron interrumpir el espectáculo y afectar a quienes habían adquirido sus entradas.

A su juicio, el debate debe darse en el marco del respeto y sin recurrir a acciones que pongan en riesgo la seguridad o alteren el orden público durante eventos autorizados.

Mientras el debate público continúa, la investigación de la Procuraduría avanza en su fase preliminar. El ente de control deberá determinar si la administración municipal cumplió a cabalidad con los requisitos legales y si existen méritos para abrir un proceso disciplinario formal contra funcionarios específicos.