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Autoridades tras la pista del estafador en remates judiciales

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Resumen

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Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre este grupo criminal.


La promesa de adquirir un vehículo a precio reducido resultó ser un anzuelo perfecto para una red de estafadores que ahora están en la mira de las autoridades.

Julián Andrés Ramírez Castro, de 36 años, es solo una de las muchas víctimas que han caído en esta trampa orquestada por José Andrés Landazábal Dueñas, quien se ha valido de documentos aparentemente legales y argumentos convincentes para defraudar a decenas de personas. Hoy, los organismos de investigación trabajan contra reloj para dar con el paradero de este hombre, quien acumula al menos 17 denuncias por estafa. Todas al parecer por la misma modalidad.

Un calvario que no acaba

El caso de Julián inició el 29 de mayo de 2024, cuando encontró una publicación en el Marketplace de Facebook promocionando vehículos de remate judicial. Intrigado por la oferta, contactó al supuesto “asesor comercial” Frank Jovany Martínez, quien se presentó como funcionario relacionado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El estafador aseguró que los carros provenían de procesos de desembargo, lo que hacía creíbles los bajos precios ofertados. Mediante un contacto por WhatsApp, el falso asesor ofreció un Kia Picanto modelo 2020 por $23.200.000, con la promesa de una transacción rápida y segura.

La víctima siguió el proceso indicado: compartió su información personal, recibió una aparente verificación por parte de Landazábal Dueñas, quien se presentó como dueño de una agencia llamada InvertiCenter, y finalmente realizó una serie de pagos a diversas cuentas bancarias. El total transferido ascendió a $11.600.000, sumado a otros $10.900.000 adicionales exigidos bajo pretextos como “gastos administrativos”, “viáticos del conductor” y “problemas con la salida del vehículo”.

¿Cómo operan?

Los estafadores utilizaron una estrategia meticulosa. Landazábal Dueñas, respaldado por documentos aparentemente legales como certificados de Cámara de Comercio y registros tributarios, lograba ganarse la confianza de sus víctimas. Incluso, enviaba fotografías de los vehículos y guías de envío falsas para mantener viva la ilusión de una operación legítima.

No obstante, las inconsistencias comenzaron a surgir. “Cuando revisé los comentarios en redes sociales sobre la publicación, me di cuenta de que muchas personas denunciaban a estas mismas personas como estafadores”, afirmó Julián.

Frustrado y con la sospecha de haber sido engañado, Julián contrató a un abogado para investigar a fondo. El análisis reveló que, aunque la empresa InvertiCenter estaba registrada, no pertenecía a Landazábal Dueñas y había cesado operaciones hace años.

Hoy, Julián no es el único afectado. Según información recopilada por su abogado, Landazábal Dueñas enfrenta al menos 17 denuncias por hechos similares. Las víctimas coinciden en que el modus operandi siempre incluye la oferta de vehículos de remate, la utilización de documentos fraudulentos y el contacto mediante intermediarios que desaparecen tras recibir los pagos. “El carro que yo quería aparece vendido tres veces”, lamenta Julián.

Las autoridades han intensificado las investigaciones y señalan que la red tiene características de un grupo organizado dedicado a la estafa. La Fiscalía General de la Nación ya ha solicitado el rastreo de las cuentas bancarias involucradas, identificadas a nombre de Paula Alejandra Castillo Ardila y Lenny Patricia Maldonado Correa.

Aunque los esfuerzos por rastrear el dinero continúan, las autoridades advierten que muchos de los fondos fueron rápidamente retirados o transferidos a otras cuentas para dificultar su seguimiento.


En paralelo, el caso de Julián es un recordatorio de cómo las redes sociales y la tecnología pueden ser utilizadas para engañar a las personas. Las plataformas como Facebook Marketplace se han convertido en terreno fértil para este tipo de actividades delictivas, debido a la facilidad con la que se pueden crear publicaciones atractivas y perfilar a las víctimas.


La denuncia es clave


Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier actividad sospechosa y compartan información que pueda contribuir a la captura de Landazábal Dueñas. En tanto, el equipo de investigación ha solicitado la colaboración de los bancos y empresas de mensajería involucradas para rastrear el origen de los documentos falsificados y las transacciones.


El caso sigue abierto, pero lo que es claro es que la justicia está tras los pasos del estafador. Julián, al igual que otros afectados, mantiene la esperanza de que su caso no solo sirva para recuperar algo de lo perdido, sino para evitar que más personas sean víctimas de esta red de estafas.



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