Avanza la estrategia de seguridad en Santander

El departamento de Santander ha estado en el centro de una transformación estratégica en materia de seguridad desde la llegada del Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus a la Gobernación. Bajo su liderazgo, la prioridad ha sido clara: garantizar la seguridad de los santandereanos y de quienes llegan al territorio. Así lo manifestó en exclusiva para EL FRENTE el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Mayor (r) Douglas Arenas González, quien entregó detalles del plan de acción que se ha venido ejecutando desde enero de 2024.

“Desde el primer momento de nuestra llegada a la Gobernación de Santander, y por instrucciones directas de nuestro mandatario, una de sus primeras intenciones fue generar un diagnóstico muy detallado de lo que realmente ocurre en el departamento. Porque lo prioritario es analizar cuáles son los problemas para generar desde allí la estrategia de cómo confrontarlos”, explicó Arenas.

Durante los primeros seis meses del gobierno, se emprendió una consulta directa con las comunidades en los 87 municipios del departamento. Se realizaron mesas de trabajo con la ciudadanía, la fuerza pública y actores institucionales, lo que derivó en la construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta política pública ha sido desarrollada por entidades como la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, el INPEC, la UNP, entre otras.

“La estrategia se basa en tres ejes fundamentales: seguridad multidimensional, prosperidad y sostenibilidad. A eso le estamos apuntando en este cuatrienio, y le llamo 'gerenciar la seguridad' porque cada ocho días, liderados por nuestro gobernador, hacemos una mesa técnica de seguimiento”, afirmó el director.

El desafío territorial

Uno de los mayores retos que enfrenta la seguridad en Santander es su ubicación geográfica. Limita con zonas afectadas por economías ilícitas, como el Catatumbo en Norte de Santander y el sur de Bolívar, donde operan grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.

“No podemos mirar lo que pasa solo en Santander. Tenemos que entender el entorno: cultivos ilícitos en el Catatumbo, minería ilegal en Santa Rosa, Canelos y sur de Bolívar. Todo eso genera confrontaciones que terminan impactando nuestro departamento. De hecho, Santander fue receptor de más de mil personas desplazadas por esos conflictos”, explicó Arenas.

Ante esta situación, desde el gobierno departamental se ha solicitado al Ejército Nacional una acción de contención permanente. Las reuniones semanales se han convertido en espacios para articular la estrategia con la Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Uno de los fenómenos que ha recrudecido la violencia urbana ha sido el crecimiento del microtráfico, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga y en el Magdalena Medio. Según Arenas, este fenómeno tiene raíces en la pandemia de COVID-19 y en políticas de seguridad poco efectivas.

“El escalamiento del conflicto también se debe a malas estrategias de gobiernos anteriores. Y hablo del Gobierno Nacional. El microtráfico creció porque las bandas criminales no pudieron sacar la droga al exterior durante la pandemia. Eso catalizó la violencia en ciudades intermedias como Bucaramanga y Barrancabermeja”, aseguró.

En este contexto, la articulación con las autoridades locales y nacionales ha sido indispensable para mantener el control territorial. Sin embargo, Arenas fue crítico con el papel del Gobierno Nacional en los procesos de paz.

“El gobernador Juvenal Díaz es el primer santandereano que desea la paz. Pero esa paz y esos diálogos hay que hacerlos bien. Cuando no se hacen bien, ocurren estos eventos con las disidencias de las FARC y el ELN. Y termina afectado quien está gobernando. No porque nuestro gobernador no quiera articularse, sino porque muchas veces el Gobierno Nacional no tiene a Santander en el radar”, manifestó.

Bandas y grupos armados

Otro de los desafíos identificados es la expansión de bandas de delincuencia común organizada, que se diferencian de los grupos armados organizados por su estructura plana y su lógica puramente económica.

“En el área metropolitana y Barrancabermeja tenemos presencia de estructuras de delincuencia común organizadas. No tienen un mando vertical ni control territorial como el ELN o el Clan del Golfo, pero generan violencia y extorsión igual. Esas estructuras están motivadas por la sostenibilidad de economías ilícitas y pueden llegar a ejecutar a alguien de forma inmediata si eso garantiza su permanencia en el territorio”, indicó el director.

Arenas enfatizó que el tratamiento que se les da a estos grupos es distinto: “Los grupos armados organizados tienen tres características: control del territorio, mando identificado y capacidad de dañar a la fuerza pública. Esos los combate la fuerza militar. Pero los otros, aunque peligrosos, se abordan con otras estrategias desde la Policía Judicial”.

En cuanto a los homicidios, el director señaló que el trabajo articulado ha logrado mantener tasas relativamente estables en comparación con otros departamentos. Aun así, reconoció que la percepción de inseguridad es un tema que requiere intervención constante.

“El ciudadano de a pie dice: ‘a mí no me interesa si fue el ELN o los del sur, porque igual me están extorsionando’. Y tiene razón. Por eso, más allá de las tipificaciones, lo importante es que las instituciones trabajen articuladamente para dar resultados tangibles. La seguridad no es un discurso: es gestión, seguimiento y acción permanente”, comentó.

Además, Arenas destacó que “Santander es un departamento tranquilo. 61 municipios de los 87 no presentan homicidios. Realmente estamos hablando de más del 80% del territorio sin homicidios. Eso refleja una seguridad y una convivencia ciudadana sanas”. A la fecha, se registraron 186 homicidios, de los cuales el 40% han sido por causas asociadas a la intolerancia.

“Quiero dejar un mensaje como santandereano: tengamos la capacidad de manejar nuestras emociones. Hay personas con problemas económicos o personales, pero eso no puede ser motivo para entrar en confrontación. Una palabra detonante puede escalar a una lesión personal y, en muchos casos, a un homicidio. Hoy se ha vuelto común andar con arma blanca. Si usted sale con un cuchillo a la calle, es porque probablemente piense usarlo”, expresó.

En respuesta a esta problemática, el gobierno departamental lanzó la campaña ‘Siembra Tolerancia’. En 2024 se realizaron ocho actividades que impactaron a más de 10 mil personas. En 2025, la campaña ya ha alcanzado a 25 mil ciudadanos. “Estamos en centros comerciales, en zonas como ‘Cuadra Play’, difundiendo mensajes en pantallas. Queremos más y llegar a todos”, concluyó.