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Califican como crimen de lesa humanidad el homicidio de Yolanda Paternina, pionera en la lucha contra la parapolítica

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Resumen

La Fiscalía General de Colombia ha calificado el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina en 2001 como un crimen de lesa humanidad, asegurando que el caso permanecerá abierto indefinidamente hasta que se hallen y sancionen a los responsables.

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Caso de asesinato de fiscal Yolanda Paternina no prescribirá

La Fiscalía General de la Nación ha emitido un dictamen trascendental al calificar el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina, perpetrado el 29 de agosto de 2001, como un crimen de lesa humanidad. Esta resolución asegura que la investigación del caso no cesará y permanecerá abierta a perpetuidad, en línea con el firme objetivo de perseguir y sancionar a los responsables.

"Esta medida implica que el caso no podrá ser archivado y que la indagación deberá continuar hasta esclarecer por completo el crimen", explicó la Comisión Colombiana de Juristas sobre la significancia del anuncio.

La determinación de la Fiscalía ofrece esperanza en el esclarecimiento de uno de los primeros crímenes contra operadores judiciales enfocados en la parapolítica en Colombia. El asesinato de Paternina, que tuvo lugar en Sincelejo, quedó marcado por la escalada de amenazas previas en su contra debido a su dedicación a investigar a figuras políticas del departamento de Sucre.

La familia de la fiscal manifiesta que, si bien han pasado más de veinte años desde el atroz evento, todavía se espera que se establezcan responsabilidades para los autores intelectuales del homicidio, "que según reportes, incluían a políticos y dirigentes locales".

La comisión subrayó, "Hoy nos acercamos un paso más a la justicia en el caso de Yolanda. Persistiremos en nuestra lucha para que este caso no quede impune".

Paternina fue la fiscal asignada a la investigación de la masacre ocurrida en enero de 2001 en el Corregimiento de Chengue, en la que murieron 27 campesinos. Pronto descubrió la posible implicación de políticos y líderes regionales en la masacre y, al profundizar en la investigación, comenzó a recibir amenazas contra su vida, situación similar a la de otros dos investigadores del caso.

La tragedia se consumó cuando, tras ser informada de que su escolta no podría acompañarla por problemas de salud, la fiscal fue asesinada el 29 de agosto de 2001. Los demás investigadores también fueron asesinados y la fiscal Mónica Gaitán, quien había respaldado y aprobado la continuación de las pesquisas de Paternina, se vio forzada al exilio por más de una década. Paternina no solo investigaba la masacre sino que también trabajaba en otros casos que eventualmente desvelaron la connivencia entre los grupos paramilitares y el Estado, en lo que más tarde se conoció como parapolítica.

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