Campesinos recuperaron tierras tras décadas de despojo en Santander

Más de 1.500 hectáreas de tierra que estuvieron durante décadas bajo el control de grupos armados ilegales fueron recuperadas y entregadas a comunidades campesinas en Santander, en el marco de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Nacional. Este proceso, considerado como un hecho sin precedentes en la región, busca saldar una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado que fueron despojadas de sus predios y obligadas al desplazamiento forzado.

Líderes campesinos manifestaron que si bien la restitución representa un logro crucial en materia de justicia y reparación, las condiciones actuales de los terrenos no permiten iniciar labores agrícolas de inmediato.

“Nos entregaron las tierras, pero no son aptas para sembrar. Hay muchas zonas que están encharcadas o degradadas. Sin insumos ni apoyo técnico, no podemos producir ni mantener a nuestras familias”, expresó Yolanda Reyes, vocera de una de las asociaciones beneficiadas.

Las denuncias de los beneficiarios apuntan a la falta de planificación agroecológica antes de la entrega de los predios. Varios de los terrenos presentan baja fertilidad, presencia de humedales y daños ambientales acumulados tras años de abandono y uso inadecuado por parte de actores ilegales. Ante esta situación, las familias campesinas sienten que han sido reubicadas en una nueva forma de incertidumbre, esta vez sin el acompañamiento necesario para hacer sostenible la permanencia en sus nuevos territorios.

Pese a las dificultades, líderes de las comunidades han propuesto estrategias para hacer viable la recuperación del campo. Una de ellas es la conformación de cooperativas rurales, con el fin de gestionar recursos de manera colectiva, acceder a financiamiento y comercializar los productos de forma más eficiente. Además, han planteado la implementación de prácticas de agricultura regenerativa, que permitirían restaurar la fertilidad del suelo mediante técnicas sostenibles.

“Es el momento de pensar en modelos de desarrollo rural diferentes. Necesitamos diversificar nuestras fuentes de ingreso, explorar alternativas como la ganadería sostenible, el ecoturismo o incluso proyectos de energía solar. Pero para eso, necesitamos formación y aliados”, aseguró Pedro Caicedo, otro de los campesinos que participó en el proceso de recuperación.

El proceso de restitución ha estado acompañado por operativos de seguridad en zonas priorizadas por el Gobierno, que continúa interviniendo predios que fueron ocupados ilegalmente por actores armados. No obstante, los beneficiarios insisten en que, más allá del control territorial, es urgente que se garantice el acompañamiento integral a las familias reubicadas.

La entrega de estas tierras forma parte del compromiso del Estado con la reparación integral de las víctimas del conflicto. Sin embargo, especialistas advierten que el éxito de la Reforma Agraria no dependerá únicamente de la devolución de predios, sino de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de permanencia, sostenibilidad y dignidad para los nuevos ocupantes.

“El acceso a la tierra es solo el primer paso. Se necesita inversión en infraestructura, créditos blandos, formación técnica, vías terciarias y acceso a mercados. Si no se articulan estos componentes, corremos el riesgo de repetir el fracaso de otros procesos de restitución en el país”, advirtió Diana Romero, investigadora en desarrollo rural.

Desde la Agencia Nacional de Tierras se ha anunciado que en las próximas semanas se abrirán líneas de crédito específicas y programas de asistencia técnica rural para los nuevos beneficiarios. Sin embargo, las comunidades siguen esperando acciones concretas y rápidas que permitan transformar los títulos de propiedad en verdaderas oportunidades de vida.

“La entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado en Santander representa un paso crucial hacia la reparación y la justicia, permitiendo a cientos de familias recuperar lo que les fue arrebatado por la violencia. A pesar de los desafíos legales y las disputas sobre la propiedad, este proceso reafirma el compromiso del Estado con la restitución de derechos y la garantía de no repetición. Sin embargo, el reto continúa: más allá de la devolución de los territorios, es esencial garantizar condiciones de seguridad, acompañamiento y acceso a recursos que permitan a estas comunidades reconstruir su vida con dignidad. Solo así se podrá transformar la tragedia del desplazamiento en una oportunidad para la reconciliación y el desarrollo sostenible”.