Resumen
La justicia ha criticado a los Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga por no garantizar un transporte público seguro. La proliferación del transporte informal afecta la movilidad y seguridad vial. Se exige a las autoridades medidas efectivas para combatir esta problemática.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La justicia habló y fue contundente. Los Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga han incumplido su deber de garantizar un transporte público seguro y eficiente para sus ciudadanos.
La apertura de un incidente de desacato por parte del Juzgado 15 Administrativo de la capital santandereana es una señal inequívoca de que la situación se ha vuelto insostenible.
El auge del transporte informal, eufemismo para referirse al mototaxismo y al transporte pirata en carros particulares, ha generado una serie de problemas que afectan la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los bumangueses.
La proliferación de los mal llamados 'terminalitos', ante los cuales las autoridades se hacen las de los ojos ciegos, y el incumplimiento de las normas de tránsito son solo algunos de los síntomas de una problemática que requiere una respuesta contundente, efectiva, duradera, definitiva y coordinada por parte de las autoridades.
Es inaceptable que, a pesar de las múltiples denuncias, de los pedidos de las empresas de transporte legal y de las órdenes judiciales, los Alcaldes del Área Metropolitana no hayan logrado implementar medidas efectivas para combatir esta situación.
El pico y placa metropolitano, si bien se adoptó como un primer paso, resulta ineficiente porque la proliferación de motocicletas y carros particulares, entraron a suplir la ineficacia y el fracaso de Metrolínea y sólo contribuye a agrandar la complejidad del problema.
Se requiere un enfoque integral que incluya, entre otras medidas, la restricción del parrillero en ciertos horarios y zonas, la prohibición de motos en determinadas áreas y el fortalecimiento de los controles en los terminales de transporte.
La inacción de los alcaldes tiene consecuencias directas para los ciudadanos. Los usuarios del transporte público legal se ven afectados por la competencia desleal del transporte informal, que opera al margen de la ley y sin las mismas garantías de seguridad, aupados por mafias que, incluso cuentan con padrinos políticos que los protegen.
La situación no aguanta más esperas y la tensión de la cuerda está al máximo, por eso llegó el momento de exigirles a los Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga que cumplan con su deber y adopten de inmediato las medidas necesarias para combatir el transporte informal.
Es hora de que demuestren su compromiso con la ciudadanía y trabajen de manera coordinada para encontrar la solución definitiva a este problema que afecta a toda la región.
Asimismo, hacemos un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier irregularidad relacionada con el transporte informal, porque sólo a través de la participación activa de la comunidad se puede lograr derrotar esa ilegalidad rampante y peligrosa, que ya hizo metástasis en las cuatro ciudades del Área.
No podemos permitir que la inseguridad y el caos sean los reyes en nuestras calles. Es hora de que los Alcaldes asuman su compromiso y garanticen un transporte público seguro, eficiente y accesible para todos los habitantes de los municipios metropolitanos.
