Resumen
La Policía Nacional desmanteló una red de tráfico de migrantes en San Andrés, capturando a cuatro personas, incluidas dos funcionarias de la Gobernación. La red facilitaba el tránsito ilegal de migrantes, principalmente de Vietnam, hacia Nicaragua. La operación involucró a la Dijín y la Interpol.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Policía Nacional desmanteló una red de tráfico de migrantes en San Andrés, capturando a cuatro personas, incluidas dos funcionarias de la Gobernación de la isla. La operación, conocida como "Sin Límites", fue ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y se centró en una organización criminal que facilitaba el tránsito ilegal de migrantes, principalmente de Vietnam, hacia Nicaragua.
La investigación reveló que la red operaba como "coyotes", ofreciendo rutas migratorias desde Ipiales hasta Medellín y San Andrés, antes de trasladar a los migrantes en embarcaciones artesanales hacia Nicaragua. Cada migrante pagaba entre 2,000 y 2,500 dólares por este servicio, según explicó el coronel Edwin Urrego, director de la Dijín.
Entre los detenidos se encuentra alias "Natasha", funcionaria en la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, quien coordinaba el hospedaje y alimentación de los migrantes. Su pareja, alias "el Gordo", un nicaragüense, era responsable de recoger a los migrantes en el aeropuerto y transportarlos por mar. También fue arrestado el hermano de Natasha, conocido como "Sergey".
Además, se detuvo a alias "José", un funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), acusado de facilitar el ingreso irregular de extranjeros. Las autoridades sostienen que él, junto a un ciudadano nicaragüense y otro colombiano, cometía actos de corrupción al omitir el control de entrada y salida de migrantes en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.
La operación fue posible gracias a la colaboración con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación. En total, se capturaron trece personas, incluidas otras vinculadas a una red que operaba en Medellín, y se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Los detenidos fueron presentados ante un juez, quien legalizó sus capturas y les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario de la isla.
