Colombia, ante un terremoto institucional

El país está ad portas de una tormenta política sin precedentes que amenaza desencadenar un Tsunami institucional de amplio alcance. Lo que comenzó como una compra irregular de carrotanques en la Guajira ha escalado en cuestión de semanas hacia la cúpula de parlamento, y de contera al poder judicial, dejando al descubierto un complejo entramado de corrupción y clientelismo que involucra a congresistas, exministros, altos funcionarios del Palacio de Nariño, y recientemente a un magistrado de la Corte Constitucional.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra los expresidentes del Senado Iván Name, y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por delitos de peculado y cohecho, definió un punto de inflexión.  Esa determinación de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sido bien recibida por la ciudadanía. Esperamos que las investigaciones y futuras sanciones a otros cómplices no termine ahí.

La Fiscalía ha abierto pesquisas preliminares contra los exministros, Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco del Interior, así como contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. A estos se les señala de haber participado en el diseño y ejecución de una operación que, mediante subrepticias adiciones presupuestales y contratos direccionados buscaba comprar “lealtades legislativas”.

Según las investigaciones González, muy cercano al presidente Petro, habría ordenado contratos por más de $70.000 millones de pesos para asegurar la “devoción” de sus aliados. De Luis Fernando Velasco se dice que habría ordenado el direccionamiento de contratos y contratistas, como parte del asalto al erario público para asegurar votos en el Congreso. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, está siendo investigado por haber aprobado una “adición” presupuestal de $700.000 mil millones de pesos a la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres), para pagar sobornos y direccionamiento de contratos.

Así es señor presidente Petro que lo que enloda al gobierno está viciado desde el inicio de su mandato. Refleja un desgaste político y perdida de legitimidad, pues el entramado de corrupción está localizado en el círculo cercano a Ud. que, aunque lo niegue, los hechos lo vinculan con una “compra de gobernabilidad”.  Los apresamientos de las cabezas del congreso amenazan una paralización legislativa, y debilita la coalición de gobierno tras la ruptura con partidos tradicionales.  De llegar a comprobarse vínculos más directos con la Casa de Nariño, incluso podría abrírsele un juicio político. Esto, deben conocerlo sus aborígenes, y primeras líneas, de que lo que se han robado no ha llegado a ellos, sino que se han quedado en los bolsillos de esa “odiosa” clase política utilizada por el gobierno y vilipendiada por el mismo Petro.