Contratos leoninos en telecomunicaciones

Las telecomunicaciones como medio tecnológico, donde están incluidos los servicios de telefonía, internet, radio y televisión, se han convertido en un excelente negocio maquiavélico, donde el usuario tiene que soportar cobros indebidos avalados en contratos leoninos, lo que conlleva finalmente al usuario a tener que pagar estos exagerados sobrecostos sin que la Superintendencia de Servicios Públicos, principal autoridad que ‘vigila’, inspecciona y controla estos entes prestadores de servicios, haga lo necesario para cumplir con su deber de proteger los derechos de los usuarios.

Es común encontrar a diario en estas empresas prestadoras de servicios, largas y tediosas filas de usuarios con un mismo fin, reclamar el abuso por cobros indebidos en sus facturas, siendo atendidos por asesores capacitados para justificar estos descarados abusos arbitrarios, citando cláusulas que el propio usuario desconoce o sin su consentimiento han sido incluidas en el contrato.  Finalmente, si la inconformidad persiste, le solicitan llenar un PQR como reclamo, respuesta que le darán en 15 días hábiles, siendo lo más seguro un “resuelve” negativo.  En su mayoría el usuario descarta la “Reposición” como derecho, por desconocimiento o porque se “mamaron” y terminan pagando o retirándose.

Son multimillonarias las cifras que se perciben por estos contratos leoninos, que deben tener la “Simetría Contractual”, el principio jurídico y económico en igualdad de condiciones para negociar y tener acceso a la información.  En esta empresa paralela, que cuenta con un potente departamento jurídico que defiende sus intereses con poca sensibilidad humana, donde “la carga de la prueba casi siempre termina sobre el ciudadano y no sobre quien factura”. Violando el principio de servicio público nacido como “garantía social y no como castigo financiero”, rompiendo con ello con el equilibrio contractual ya referido.

El Ministerio de las TIC, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- y demás entes encargados de protección al usuario, deben hacer una vigilancia efectiva, visitando de manera directa estas multinacionales haciendo los correctivos necesarios para garantizar un cobro justo y equitativo al usuario, sin estar a la espera de las pocas demandas que se dan por los reiterados abusos.  En gran titular de prensa: “La SIC sancionó a Movistar por fallas en su operación con una multa histórica de $4.679.844.144”, cifra irrisoria que cancelan con gusto para seguir operando.

En Colombia hay registrados más de 3.000 operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones autorizados para operar comercialmente. El gran mercado es absorbido por los grandes operadores como, Claro, Movistar, Tigo, WOM, multinacionales que cuentan con una extensa infraestructura y ‘curiosamente’ operan con la misma política, la que amerita una profunda revisión. En la mayoría de los casos el ciudadano no negocia: se somete, por lo que es hora de exigir transparencia, equilibrio y respeto por la ley, no pide que le regalen nada.