Colombia debe cercenar de raíz el choque entre Gobierno y territorios
Resumen
La actualización catastral es necesaria, pero su mala ejecución generó aumentos bruscos, malestar social y un choque entre el Gobierno central y los territorios.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Aún no se disipa la humareda desatada por las protestas de los propietarios de terrenos rurales a quienes el catastro multipropósito les valorizó sus tierras en cuantías aterradoras, pero también los puso a pagar impuestos con montos inverosímiles
La crisis de los prediales dejó una verdad incómoda que se destapó en medio de los bloqueos y las negociaciones y es que en Colombia no existe una relación sana entre la Nación y las regiones.
Lo que empezó como un debate técnico sobre avalúos, fue aprovechado por los grandes terratenientes, acostumbrados a no pagar impuestos, para azuzar a los pequeños propietarios a que realicen protestas y esto derivó en bloqueos, malestar social y una señal de alarma sobre la forma en que el Gobierno central toma decisiones que impactan la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El alivio alcanzado en Santander, Boyacá, Casanare y Risaralda fue útil, pero insuficiente. Desactivar las vías no resuelve el daño político ni corrige el error de origen.
La actualización catastral es necesaria, sí, porque un sistema tributario serio no puede sostener predios de alto valor con cargas irrisorias. En eso no existe una mínima vacilación. La modernización del catastro responde a criterios de justicia, planeación y equidad.
El problema estuvo en la ejecución. Una reforma de esta naturaleza exige trabajo real sobre el terreno, equipos preparados y con conocimientos, pedagogía, gradualidad, coordinación y canales claros de reclamación. Nada de eso apareció con la solidez debida.
Muchos contribuyentes recibieron aumentos bruscos, sin explicación suficiente, sin acompañamiento y sin una ruta clara para controvertir los cobros. El resultado fue una reacción legítima de rechazo ante una medida percibida como impuesta desde el centro del país.
Más grave todavía fue el intento, por parte del Gobierno nacional, de trasladar la responsabilidad a Alcaldes y Gobernadores. No se puede gobernar desde el reproche o el revanchismo, ni convertir a las autoridades territoriales en chivos expiatorios de una falla nacional.
Menos aceptables resultan las amenazas contra mandatarios elegidos por voto popular. Ese lenguaje rompe puentes, debilita la institucionalidad y degrada la discusión pública.