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Colombia debe decretar extinción de dominio y cadena perpetua para los corruptos

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Resumen

El exsubdirector de UNGRD en Colombia, Sneyder Pinilla, ha revelado corrupción a gran escala en múltiples niveles del gobierno. A pesar de los escándalos, no se han producido castigos significativos para los involucrados.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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El ventilador encendido, a toda marcha, por Sneyder Pinilla, el corrupto exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en Colombia, empezó a descabezar a muchos ’honorables’ personajes de la política nacional, pese a que, con voces plagadas de sinvergüencería, pregonan su inocencia.

No vamos a nombrar a los corruptos, presuntamente, que han sido señalados de recibir millonarias ‘coimas’, pero sí vamos a hacer un recorrido por sonados casos que se han quedado en los anaqueles de la justicia, arrumados por otros corruptos funcionarios, nombrados en sus cargos para que cumplan el papel de ‘tú me favoreces, yo te favorezco’.

Colombia demuestra que es un territorio multimillonario en todo. Porque todo se lo roban y, sin embargo, el país se mantiene erguido, pese a los criminales de cuello blanco que saquean el erario y matan de hambre a millones de ciudadanos y dejan sin salud, sin educación, sin trabajo, sin vestuario y sin techo a otros millones más.

La corrupción campea por campos y ciudades, por estrados judiciales y por oficinas gubernamentales, en el Capitolio, Gobernaciones, Alcaldías, se untan personajes de todos los ropajes y calañas, pero no hay una decisión judicial con un castigo ejemplarizante para que el corrupto piense mil veces antes de robarse el tesoro público.

Se producen escándalos tras escándalos y no pasa nada en este país. Tal ha sido el caso del proceso 8.000 a mediados de los años noventa o la parapolítica a inicios del presente siglo, junto con una larga lista de entramados de corrupción que han afectado de manera grave e irreparable a sectores de la salud, la educación, el sistema pensional y de seguridad social, la defensa y seguridad nacional.

A eso se le suma el atraco descarado al sistema financiero, a las refinerías petroleras, al Programa de Alimentación Escolar, PAE, a las construcciones de carreteras, de escenarios deportivos, entre muchos otros como el sonado y engavetado caso Odebrecht, ralentizado por dos fiscales generales, para proteger amigos y a políticos.

En la época prerrepublicana Simón Bolívar, cuando oficiaba como Presidente del Perú y Colombia, decretó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan “malversado o tomado para sí” parte de los fondos de la Nación, medida que tomó con el propósito de cortar de raíz el cáncer de la corrupción en la entonces Gran Colombia.

En este Siglo, Colombia debe decretar extinción de dominio y cadena perpetua para los corruptos, porque no puede existir un castigo menor para quienes se roban el dinero de todos los colombianos y viven como reyes en casa por cárcel, por condenas nimias emanadas desde un sistema judicial cuyas leyes provienen del Congreso y son hechas para protegerse entre personajes sombríos y podridos, que no trabajan por y para el pueblo, sino para satisfacer su enfermiza ambición por el dinero.

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