Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un estudio de la Contraloría General de la República, realizado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, reveló que existen barreras significativas que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad en Colombia.
El estudio sectorial Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad en Colombia: Radiografía Regional Colombiana - Una mirada desde la gestión fiscal, realiza un análisis detallado que se enfoca en evaluar la implementación de las políticas públicas plasmadas en el Decreto 1421 de 2017 destinadas a garantizar una educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad, como un derecho fundamental de todos los individuos, reflejado en documentos internacionales y nacionales que abogan por la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
A pesar de los esfuerzos realizados, existen barreras significativas que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad en Colombia, razón por la cual, la CGR hace un llamado a los diversos actores involucrados a mejorar la implementación de la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en Colombia. Entre ellos, los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, las Entidades Territoriales con sus respectivas secretarías de educación y de salud, las Instituciones Educativas, los rectores, docentes, padres de familia, entre otros.
“Después de conocer los resultados de este estudio nos llama poderosamente la atención la importancia de adecuar y mejorar la infraestructura que se habilita para la población estudiantil, sobre todo aquella que tiene discapacidad”, destacó en la instalación del Foro Sectorial “Aciertos y Desafíos de la Educación Inclusiva en Colombia”, el Vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga.
Sostuvo que otros retos son mantener a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo y formar a los docentes que trabajan con ellos, para reconocer la diversidad e individualidad.
Conclusiones del estudio
El análisis detallado del estudio arroja diversas conclusiones y áreas de retroalimentación claves para mejorar la implementación de políticas públicas en materia de educación inclusiva:
· 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad no están caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), evidenciando que el servicio educativo de educación inclusiva no está siendo efectivo para la atención de las necesidades educativas especiales, lo anterior reforzado en que el 21% de los niños con discapacidad registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (38.067 estudiantes con discapacidad) cuentan con certificación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), quedando un 79% por caracterizar (162.280 estudiantes con discapacidad). Esto subraya la preocupación por la falta de certificación, ya que afecta la asignación precisa de recursos y la calidad de la atención educativa.
· Financiación insuficiente: A pesar del 20% de recursos adicionales asignados para estudiantes con discapacidad, esta financiación podría no ser suficiente, especialmente considerando la alta prevalencia de discapacidad física. Los recursos adicionales podrían no estar siendo empleados de manera efectiva debido a las barreras de infraestructura, lo que podría comprometer la prestación adecuada del servicio educativo.
· Hallazgos en auditorías: Para este estudio se analizaron los resultados de las auditorías de cumplimiento efectuadas por la CGR respecto a la implementación de la educación inclusiva y el decreto 1421 de 2017, que se llevaron a cabo, en 81 ETC (32 departamentos, 32 ciudades capitales y 17 municipios intermedios), es decir el 84% del total de entidades territoriales certificadas en educación del país durante el 2023, lo que representa el 97% del total de estudiantes con discapacidad registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (187.494 estudiantes con discapacidad).
De acuerdo con estos hallazgos tanto administrativos, disciplinares y fiscales se presentó afectación en el servicio de educación inclusiva a aproximadamente 77.691 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, representado en un 55% por la región Centro Oriente (42.654), seguido de la región Caribe (11.306) con 15% y Pacífico (9.492) con 12%, en contraste, las regiones que representan menor proporción de afectación son Llanos (5.619) con 7%, Centro Sur (5.013) con 6% y Eje Cafetero (3.616) con 5%.
ü Deserción escolar: El 5.19% de los estudiantes con discapacidad en el sector oficial abandonan la escuela, una tasa superior a la nacional (4.57%). Esta cifra destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos para reducir el abandono escolar entre este grupo vulnerable, lo que requiere acciones concretas y efectivas por parte de las autoridades educativas.
ü Brechas educativas: El análisis detallado de los resultados de las Pruebas Saber 11 revela brechas educativas significativas de 40 puntos entre la población con discapacidad y la población general. Aunque se observa una mejora en los puntajes de la población con discapacidad, la caída constante de los puntajes generales plantea dudas sobre la efectividad de la estrategia, lo que sugiere la necesidad de revisar y ajustar las políticas públicas en materia educativa.
ü En conclusión, el estudio Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad en Colombia, resalta la necesidad urgente de abordar las brechas y desafíos identificados para garantizar una educación inclusiva y equitativa en el país. La falta de certificación de estudiantes con discapacidad, las dudas sobre la suficiencia de los recursos asignados y las disparidades en los resultados de las Pruebas Saber 11 son solo algunas de las áreas que requieren atención inmediata.
Es imperativo que los diversos actores involucrados, desde los ministerios hasta las instituciones educativas y los padres de familia, trabajen de manera colaborativa para superar estas barreras y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, tengan acceso a una educación de calidad. La Contraloría General de la República insta a tomar medidas concretas y efectivas para mejorar la implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión educativa y el pleno desarrollo de todos los colombianos.
