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¿Como terminó un anestesiólogo que compró su cartón universitario en Temu en el dispensario médico Militar de Bucaramanga?

La Procuraduría formuló cargos contra dos oficiales y un suboficial del Ejército por presuntas irregularidades en la contratación de una médica que habría ejercido anestesiología sin la especialización requerida.

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La Procuraduría formuló cargos contra dos oficiales y un suboficial del Ejército por presuntas irregularidades en la contratación de una médica que habría ejercido anestesiología sin la especialización requerida.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos oficiales y un suboficial del Ejército Nacional por presuntas irregularidades en la contratación de una profesional de la medicina que habría ejercido funciones de anestesiología en el Dispensario Médico de Bucaramanga sin contar, aparentemente, con la especialización requerida para desempeñar ese cargo.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública, que llamó a audiencia disciplinaria a una teniente coronel, un mayor y un cabo primero del Ejército, quienes habrían participado en las etapas de selección, evaluación y contratación de la médica.

Según el ente de control, la profesional vinculada no solo carecería de los requisitos legales exigidos para ejercer como anestesióloga, sino que además habría presentado, presuntamente, documentación académica falsa para acreditar una especialidad que no poseía.

De acuerdo con la investigación, la teniente coronel se desempeñaba como directora del Dispensario Médico de Bucaramanga y gerente del proyecto contractual; el mayor ejercía como subdirector administrativo y financiero y, además, tenía la función de ordenador del gasto; mientras que el cabo primero actuaba como coordinador de Talento Humano e integrante del comité evaluador.

Para la Procuraduría, los tres uniformados habrían intervenido de manera directa en las fases precontractual y contractual que concluyeron con la vinculación de la médica cuestionada.

El Ministerio Público considera que los funcionarios habrían avalado la contratación pese a que la profesional, al parecer, no cumplía con las exigencias establecidas para el ejercicio de la anestesiología, una especialidad crítica para la realización de procedimientos quirúrgicos y que requiere formación de posgrado debidamente reconocida.

 

Un servicio clave para los

 militares y sus familias

El Dispensario Médico de Bucaramanga hace parte de la red de salud de las Fuerzas Militares y presta atención a militares activos, retirados y beneficiarios del subsistema de salud del Ejército en Santander y otros departamentos del nororiente del país.

La anestesiología es una de las áreas más sensibles dentro de la atención hospitalaria, debido a que los especialistas son responsables de valorar a los pacientes antes de una cirugía, administrar la anestesia y vigilar sus condiciones durante y después de los procedimientos.

Por esa razón, la legislación colombiana exige que quienes ejerzan esta especialidad cuenten con título profesional en medicina y con una especialización formalmente reconocida y registrada ante las autoridades competentes.

 

Posibles faltas disciplinarias

Con la formulación del pliego de cargos se abre formalmente la etapa de juzgamiento disciplinario, en la que los uniformados podrán ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que consideren pertinentes.

La Procuraduría deberá determinar si existió incumplimiento de los deberes funcionales por parte de los oficiales y del suboficial, y establecer si las presuntas irregularidades comprometieron la legalidad del proceso contractual y la seguridad de los usuarios del sistema de salud militar.

Por ahora, el organismo de control no ha revelado la identidad de los investigados ni de la profesional vinculada al proceso.

El caso se suma a otros episodios registrados en el país relacionados con el uso de documentación presuntamente falsa para acceder a cargos en el sector salud, una situación que ha llevado a las autoridades a reforzar los mecanismos de verificación de títulos y credenciales profesionales.