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Compra de lujosa residencia por exdirectivo de la UNGRD despierta sospechas en medio de conflicto por licitación de carrotanques

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Resumen

Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, está en el centro de la polémica por la compra de una propiedad costosa en Itagüí, simultánea a una licitación disputada de carrotanques para La Guajira. La Presidencia señala posibles sobrecostos.

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Olmedo de Jesús López Martínez, quien fuera director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se ha posicionado en el centro de la controversia tras haber adquirido una costosa propiedad en Itagüí coincidiendo con una disputada licitación de carrotanques destinados a abastecer de agua a La Guajira. La Presidencia ha manifestado preocupación, esbozando posibles sobrecostos en el proceso de licitación.

En una investigación realizada por la revista SEMANA, se detectó que la adquisición del mencionado inmueble, valorado en 500 millones de pesos, se realizó simultáneamente con la licitación en cuestión. Esta suma contrasta notablemente con el valor comercial de propiedades similares que excede los 1.000 millones de pesos.

La casa, situada en el exclusivo conjunto residencial Magallanes en Itagüí, consta de 190 metros cuadrados y fue comprada junto a Martha Isabel Atehortúa, esposa de López. El registro inmobiliario refleja que el cambio de titularidad a favor de López Atehortúa tuvo lugar el 29 de noviembre de 2023, fecha exacta en la que estalló la polémica por los carrotanques.

Las primeras adquisiciones de los carrotanques se llevaron a cabo el 12 de octubre por un monto cercano a los 30 mil millones de pesos. La transacción fue efectuada con la empresa Impoamericana Roger S.A.S., perteneciente a Roger Alexander Pastas Fuertes, un joven estudiante de veterinaria de 26 años, bajo la orden de proveeduría SMD-GS-CTG-192-2023 que dictaba: "Adquirir vehículos tipo carrotanques para atender la situación de desastre nacional".

Tras el escándalo y las denuncias formuladas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, que llevaron a medidas penales y a presentar pruebas ante los entes de control, López defiende la legalidad de las acciones realizadas durante su gestión en la entidad, a pesar de las serias dudas suscitadas alrededor de los contratos extendidos, entre ellos, uno firmado por Víctor Meza, exsubdirector general de la UNGRD.

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