Resumen
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En una rueda de prensa con anuncios sorpresivos para las comunidades que habitan en la zona de la alta montaña de Santander la ministra Susana Muhamad presentó durante la mañana de este miércoles para consulta el proyecto de resolución que declara una Zona de Reserva Temporal en Santurbán. De acuerdo con lo que manifestó la jefa de la cartera ambiental, la propuesta estará en consulta pública durante los próximos 20 días.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La ministra de Medio Ambiente Susana Muhamad anunció la publicación para consulta del proyecto de resolución que establece la zona de reserva temporal de Santurbán, estrategia con la que a su juicio se protegerían las cuencas que abastecen de agua a más de 1.3 millones de personas en la región de Santander y Norte de Santander, pero que al mismo tiempo atropella los derechos de las comunidades residentes en la zona de alta montaña pues las dejan sin posibilidades de ejercer actividades de su sustento como la pequeña minería y actividades agrícolas.
Pese a que la ministra Muhaman explicó que con esta medida, válida por dos años no se afectarán los proyectos mineros con títulos y permisos vigentes, ni los procesos de formalización de mineros tradicionales del territorio que hacen una minería de pequeña escala, lo cierto es que en la zona presumen que la declaratoria, sumado al nefasto decreto 044, traerán la ruina a la región pues conllevaría su ahogamiento económico.
“En los próximos días se espera expedir un acto administrativo orientado al equilibrio, precaución y compromiso ambiental para garantizar la seguridad hídrica de más de 1,3 millones de habitantes de Santander y la sostenibilidad de los ecosistemas”, indicó la ministra obviando la crisis social a la que se enfrenta el territorio de las zonas aledañas al páramo de Santurbán pues están seguros de que con esta normatividad aumentará la persecución policiva y judicial.
Sin concertar con la comunidad
Muhamad justificó la insistencia del trámite asegurando que con ello se cumple con una Sentencia del Consejo de Estado “y seguimos los principios del Acuerdo de #Escazú para garantizar la participación ciudadana informada y la transparencia. Estamos abiertos al diálogo, por lo tanto, invitamos a todas y todos a participar en la consulta pública abierta durante los próximos 20 días para construir juntos esta medida histórica”, indicó la jefa del MinAmbiente, quien ha recibido fuertes reproches por parte de las comunidades debido a que la medida no solo no ha sido socializada ni concertada con las comunidades sino que las sumerge de nuevo en la posibilidad de un limbo para su sustento económico por no poder cultivar sus predios o efectuar extracción minera controlada, lo cual atenta contra el Acuerdo de Escazú, el cual planea no solo la concertación con las comunidades sino también la obligatoriedad de buscar una trasformación económica anticipada a este tipo de prohibiciones.
“Declarando zona de reserva en Santander sin concertar con comunidades, Minambiente rompe compromisos con pequeños y medianos mineros y viola el Acuerdo de Escazú”, expresó la líder minera Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, luego de conocer que el Ministerio de Ambiente citó una rueda de prensa para anunciar la declaración de una zona de reserva bajo el amparo del polémico Decreto 044 por fuera del páramo de Santurbán, afectando más de 78 mil hectáreas en Soto Norte (Santander).
Según explicó la líder minera, la aplicación del polémico Decreto 044 para prohibir las actividades mineras, desconoce que actualmente cursa un proceso de medidas cautelares en el Consejo de Estado, viola el Acuerdo de Escazú que expresamente indica que toda decisión ambiental se debe concertar con las comunidades, y demuestra cómo por “motivaciones políticas y activistas” se están tomando decisiones arbitrarias que pasan por encima d ellos derechos de más de 100 mil personas que viven de laminería legal en Colombia.
“El Ministerio de Ambiente ha publicado para “comentarios” una resolución que prohíbe de tajo la minería en Soto Norte, una región que lleva casi 500 años viviendo de esa actividad. Con esta resolución inconsulta que pasa por encima de la voluntad de los 35 mil habitantes de la Provincia, de los alcaldes de los 6 municipios de Soto Norte, del Gobernador de Santander y de la CDMB, y en contra de los llamados de la Procuraduría y de la Personería, el Ministerio muestra su carácter autoritario y centralista”, indicó González.
A González se sumaron más de 10 organizaciones mineras de Santander que agrupan a casi 1.500 mineros, de California, Vetas y Suratá, quienes denuncian a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, rompe uno de los principales acuerdos logrados durante la primera semana de noviembre, cuando se realizó la primera mesa de concertación luego de que se levantara el Paro Minero, y donde se había dicho que antes de presentar un proyecto de resolución para una nueva zona de reserva temporal, se daría un proceso de concertación con las comunidades afectadas, los Alcaldes, la Gobernación de Santander, congresistas, y demás actores implicado en una decisión que afecta la economía de todo un departamento.
“Con esta decisión el Gobierno Nacional condena a la ilegalidad y al desplazamiento forzado a las familias mineras. En lugar de sentarse a construir políticas minero-ambientales de manera concertada y de apostar seriamente por formalizar a los mineros que creen en la Ley, el Ministerio ha decidido borrar de un solo tajo una actividad productiva gracias a la cual viven decenas de miles de familias. El “proceso de participación” al que llama el Ministerio es una burla al Acuerdo de Escazú. La justicia ambiental y la concertación de las políticas ambientales con las comunidades a las que se comprometió internacionalmente el Estado colombiano ha quedado reducida a enviar comentarios en un sitio web”, afirmó tajantemente la líder minera.
Para los mineros, la situación genera tensión en los territorios, pues es claro que la determinación de Muhamad se da ad portas de dejar la cartera ministerial, para iniciar un nuevo capítulo en su carrera, evidenciando así que sus decisiones y determinantes ambientales en territorio santandereano responden a compromisos políticos.
González afirmó que “Denunciamos que el Ministerio no se ha dignado a responder seriamente a la propuesta que presentamos las comunidades mineras del país tras Acuerdo que firmamos con el Gobierno Nacional en Caucasia para dar fin al Paro Minero de octubre. ¿Si el Gobierno ya empezó a incumplir su propia palabra, por qué deberíamos confiar en que incluirá los comentarios que como ciudadanos hagamos a la resolución publicada?”.
La líder minera afirmó que “denunciamos que la ministra Susana Muhamad pretende confundir a la opinión publicada denominando a esta Área de Reserva como “de Santurbán”, pues precisamente el área reservada queda completamente por fuera del Páramo de Santurbán cuyo proceso de delimitación participativa fue ordenado por la Corte Constitucional, con lo que la ministra demuestra que está dispuesta a desconocer las órdenes de la máxima autoridad judicial del país y a las comunidades que creímos en el proceso de concertación.”
Finalmente, las comunidades mineras de Santander anunciaron que se declararán en desobediencia civil, marcharán en Bogotá con el apoyo de mineros de otros departamentos, y acudirán a todas las acciones legales posibles para frenar la aplicación del arbitrario Decreto 044. Además, pidieron a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo de Estado, no permitir que se violen los derechos de las comunidades mineras afectadas.
