Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Gobierno Nacional, en su afán por proteger el medio ambiente y garantizar el suministro hídrico, ha decidido declarar una zona de reserva temporal en el páramo de Santurbán.
Esta medida, aunque en principio parece encaminada a salvaguardar un ecosistema vital, encierra una serie de implicaciones que podrían tener consecuencias nefastas para el desarrollo de la región y para la calidad de vida de sus habitantes.
La decisión de restringir las actividades mineras y otras explotaciones en Santurbán, si bien obedece a una preocupación legítima por la conservación ambiental, ignora las particularidades y las necesidades de las comunidades locales.
Al prohibir la explotación de los recursos naturales, como la minería ancestral y la industrial, el Gobierno colombiano condena a estas poblaciones a la pobreza y al estancamiento económico.
Es paradójico que, por un lado, se exalte la importancia de impulsar el desarrollo regional y, por otro, se impongan medidas que limitan drásticamente las posibilidades de progreso.
La minería, si se realiza bajo estrictos controles ambientales, puede ser una fuente de empleo y de ingresos para las comunidades, para los municipios y para el PIB del país, además de generar regalías que podrían destinarse a mejorar la infraestructura y los servicios públicos.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, asegura que la resolución no afectará la agricultura ni la ganadería, pero es difícil creer que estas actividades puedan desarrollarse de manera sostenible en una región donde los recursos económicos están cada vez más escasos.
Además, la prohibición de nuevas concesiones mineras desalienta la inversión local, nacional y extranjera y generará incertidumbre jurídica, lo que ahuyentará a los posibles inversores.
La decisión de declarar una zona de reserva temporal en Santurbán es un claro ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden conducir a resultados nefastos y perjudiciales.
Además, resulta preocupante que se ignore la tradición minera de la región y se menosprecie el trabajo de los pequeños mineros. Estos hombres y mujeres han construido sus vidas en torno a esta actividad y ahora se ven amenazados por decisiones tomadas desde los cómodos escritorios de Bogotá.
Al priorizar la conservación ambiental sobre el desarrollo económico, con la decisión sobre Santurbán el Gobierno nacional menoscaba el progreso de Santander en aras de un ideal abstracto.
Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. La minería, la agricultura y el cuidado al medio ambiente pueden coexistir de manera sostenible si se implementan medidas adecuadas de control y monitoreo.
El Gobierno de Gustavo Petro Urrego debe escuchar las voces de las comunidades locales, de sus gobernantes y de los expertos, para buscar soluciones que permitan conciliar los intereses ambientales y los intereses sociales, ambos con igualdad de importancia.
La decisión de restringir las actividades económicas en Santurbán es una medida equivocada que pone en riesgo el futuro de la región. Es urgente replantear esta política y buscar alternativas contundentes que permitan un desarrollo sostenible y equitativo.
