Congelar para no quebrar
El nuevo Gobierno congelará el Presupuesto 2026 para enfrentar un déficit fiscal que podría rondar el 7,5% del PIB y frenar partidas aún no ejecutadas.
El nuevo Gobierno congelará el Presupuesto 2026 para enfrentar un déficit fiscal que podría rondar el 7,5% del PIB y frenar partidas aún no ejecutadas.
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El contexto histórico y los antecedentes serán generados a partir del archivo periodístico de El Frente.
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Por: Felipe Rodríguez
El nuevo Gobierno inicia con un diagnóstico incómodo, según el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, el déficit fiscal real podría rondar el 7,5% del PIB, muy por encima de lo que reflejan las cifras oficiales heredadas. Sea o no exacta esa estimación todavía no validada por entidades técnicas independientes, el diagnóstico ya produjo una decisión concreta y es que, el 7 de agosto, mediante decreto, el Estado congelará el Presupuesto General de la Nación de 2026.
La lógica es defendible en el papel. Gómez ha sido explícito, no se trata de cerrar programas en marcha, sino de frenar la ejecución de partidas que aún no han arrancado, mientras se hace un inventario real de las obligaciones del Estado. Parar lo que no ha arrancado es una frase modesta para una medida que, en la práctica, condiciona buena parte de la operación de decenas de entidades públicas desde el primer día de gobierno.
El monto en juego no es menor, se habla de un recorte cercano a los 60 billones de pesos, cerca del 3% del PIB, a través de la revisión de entidades con funciones duplicadas, fondos con poco control y programas sin justificación clara frente a la estrechez fiscal. Estos apuntan a una reforma del aparato estatal más ambiciosa que un simple recorte de gasto. Esa reforma, sin embargo, no se hace por decreto; requiere trámite legislativo, negociación política y tiempo, tres recursos que no siempre coinciden con la urgencia fiscal que el propio Gobierno describe.
El segundo anuncio, menos ruidoso, pero igual de relevante, es la regla que regirá el Presupuesto de 2027. Crecerá por debajo de la inflación, lo que en términos reales significa una contracción del gasto público. Es una señal de disciplina fiscal poco frecuente en el debate colombiano reciente, y previsiblemente generará resistencia, sobre todo si no se acompaña de claridad sobre qué sectores absorberán el ajuste y cuáles quedarán protegidos.
En ese punto, el Gobierno ha sido consistente en un mensaje. Los subsidios sociales, y en particular los que administra Prosperidad Social, no desaparecerán. Es una línea que el propio ministro ha dicho no estar dispuesto a cruzar, y que busca separar la austeridad institucional de la protección a la población más vulnerable. Que esa promesa se sostenga en la práctica cuando lleguen los recortes sector por sector será la primera prueba real de credibilidad de la estrategia.
Queda, además, una pregunta abierta que la opinión pública debería seguir de cerca. Si el ajuste de 2026 se hace por decreto y control administrativo, y la reforma tributaria estructural orientada a simplificar el sistema y reducir la evasión, según el propio ministro tomará meses en madurar, ¿con qué margen cuenta el Gobierno para sostener el congelamiento sin afectar la operación básica del Estado? La respuesta no está en las declaraciones de esta semana; estará en el decreto del 7 de agosto y, sobre todo, en cómo se traduzca en la ejecución real de los próximos meses.
