¡Aquí defendiendo la democracia, maestro!

Por: Silverio José Herrera Caraballo

 Se ha hecho justicia. El señor Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega: inocente. ¡La justicia devuelve lo que el tiempo quiso arrebatar! Ahora que los verdaderos victimarios respondan, es una deuda pendiente.

Casi 41 años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una nueva decisión judicial vuelve a poner sobre la mesa el nombre del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. Esta vez, un jurado federal en Florida, Estados Unidos, decidió de manera unánime que el oficial retirado no es civilmente responsable por las reclamaciones relacionadas con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. El veredicto llegó después de ocho días de juicio y varias horas de deliberación.

Hay una precisión jurídica que no puede perderse en medio de las pasiones: el proceso estadounidense fue civil, no penal. El jurado resolvió, por tanto, sobre la responsabilidad civil atribuida a Plazas Vega en ese litigio concreto. No se trata de una sentencia penal ni de una declaración general sobre todos los hechos ocurridos durante aquellos dramáticos días de noviembre de 1985.

En Colombia existe, además, un antecedente judicial de enorme relevancia. En 2015, la Corte Suprema de Justicia casó la condena que pesaba contra Plazas Vega y lo absolvió por las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. La propia Corte precisó que aquel proceso se circunscribió a esas desapariciones y no juzgó la operación militar de recuperación del Palacio. Para quienes durante décadas hemos sostenido la inocencia de Plazas Vega, el fallo estadounidense adquiere una significación especial. No porque borre el dolor de las víctimas ni porque cierre todos los interrogantes de una tragedia que todavía forma parte de la memoria nacional, sino porque constituye una nueva decisión judicial favorable al militar retirado frente a una acusación de enorme gravedad.

 Y aquí resulta inevitable volver a aquella frase que quedó grabada en la memoria de Colombia: “¡Aquí defendiendo la democracia, maestro!”. La pronunció Plazas Vega en medio del estruendo de los combates, cuando se le preguntaba por la actuación del Ejército durante la recuperación del Palacio. La expresión terminó convirtiéndose en el resumen de la posición que ha sostenido durante décadas: que su misión era recuperar la sede de uno de los poderes de la República y restablecer el control institucional. También cabe recordar la lógica que rodeaba aquella dramática operación: si el Estado no recuperaba el Palacio, la tragedia podía prolongarse y el número de muertos ser aún mayor. Esa afirmación corresponde a la justificación que desde el ámbito militar se ha dado a la recuperación del edificio y no puede presentarse como una certeza histórica cuantificable. Lo que sí resulta indiscutible es la magnitud de aquella tragedia nacional.

 La toma del Palacio por el M-19 comenzó el 6 de noviembre de 1985 y la operación de recuperación se prolongó durante aproximadamente 28 horas, dejando cerca de un centenar de muertos y una herida institucional que Colombia todavía no termina de cerrar.

Reivindicar hoy el significado del fallo estadounidense no implica desconocer a las víctimas. Implica reclamar un principio elemental del Estado de derecho: las responsabilidades deben ser individuales, las acusaciones deben probarse y las decisiones deben sustentarse en evidencias y garantías procesales. El veredicto de Miami no borra la historia, pero sí agrega un capítulo relevante a la historia judicial de Luis Alfonso Plazas Vega. Para quienes siempre hemos creído en su inocencia, esta nueva decisión fortalece esa convicción. La justicia ha hablado en los escenarios donde correspondía hacerlo. Y cuando la justicia habla, incluso después de cuatro décadas, corresponde escucharla.