Consulta Popular: La registraduría no se mueve hasta que las cortes se pronuncien

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió que no es viable convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto, como lo ha solicitado el Gobierno nacional, debido a los plazos legales, la falta de presupuesto aprobado y, sobre todo, la controversia jurídica surgida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ante esta situación, anunció que será responsabilidad de las altas cortes decidir si se continúa o no con el trámite de esta convocatoria.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

"Hoy no solo está en juego la consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia misma", afirmó Penagos. Recalcó que cuando hay desacuerdos jurídicos entre dos ramas del poder, corresponde a los jueces tomar una decisión de fondo.

En ese sentido, la Registraduría Nacional adoptará una serie de acciones: solicitará un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, remitirá copia del expediente a la Procuraduría General y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y pedirá a las altas cortes que se pronuncien con celeridad.

“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, sostuvo.

Además de las dudas jurídicas, Penagos fue enfático en los retos logísticos y financieros. Explicó que materialmente no es posible organizar una consulta nacional en los próximos 53 días, ya que se requieren al menos tres meses de preparación, según lo estipulan la Constitución y la ley. También reveló que la consulta implicaría una inversión cercana a los 750.000 millones de pesos, por lo que se debe tener absoluta certeza jurídica antes de comprometer recursos del Estado.

“La Registraduría no puede avanzar en una consulta sin respaldo constitucional y claridad legal. Lo prudente es esperar el fallo de las altas cortes”, señaló.

Durante su intervención, el registrador recordó la naturaleza autónoma e independiente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, establecida en el artículo 266 de la Constitución. “Ni el registrador ni la Registraduría tienen superior funcional. Somos un órgano neutral cuya misión es garantizar la integridad del proceso electoral”, sostuvo. Citó además pronunciamientos de la Corte Constitucional que refuerzan el carácter imparcial de la entidad frente a cualquier decisión política.

Penagos concluyó advirtiendo sobre los riesgos de tomar decisiones apresuradas en este contexto: el posible detrimento patrimonial, la inseguridad jurídica generada por la confrontación de poderes y la eventual afectación al orden democrático. “Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Los jueces deben ser quienes definan el camino constitucional del país”, sentenció.

“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza en los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, dijo.

….