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Contratista de la UNGRD firmó convenio de cooperación para delatar a congresistas corruptos en la fiscalía

Resumen

Luis Eduardo López Rosero, contratista de la UNGRD, colabora para delatar a otros involucrados en corrupción, tras obtener principio de oportunidad. Se compromete a devolver 7.722 millones de pesos y servir como testigo durante tres años para la judicialización de más acusados.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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by Camilo Silvera
Contratista de la UNGRD firmó convenio de cooperación para delatar a congresistas corruptos en la fiscalía

 

 

 

Una juez penal de control de garantías de Bogotá, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, legalizó la aplicación del principio de oportunidad suscrito con el contratista Luis Eduardo López Rosero, uno de los involucrados en los actos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El procesado deberá aportar información y servir de testigo en contra de otros presuntos involucrados en el entramado que direccionó la contratación y se apropió de recursos de la entidad.

En consecuencia, se suspenderá la acción penal por seis eventos de interés indebido en la celebración de contratos. La interrupción será por tres años, en los que el procesado deberá colaborar con la justicia y servir como testigo para lograr la judicialización de otros involucrados en el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos de la UNGRD.

La investigación de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que López Rosero recibió información privilegiada de los procesos contractuales que se seguían en la entidad, por lo que ajustó propuestas, cotizaciones y otros requisitos para presentar sus empresas y quedarse con contratos relacionados con suministro de carrotanques para La Guajira, camiones de bomberos y materiales de construcción en otros departamentos del país. Por este favorecimiento pagó dádivas y se quedó con recursos públicos.

Es importante señalar que el contratista igualmente aceptó mediante preacuerdo los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público, y falsedad en documento privado. Asimismo, se comprometió a devolver 7.722 millones de pesos que corresponden a los dineros apropiados ilícitamente. La negociación judicial fue aprobada por una juez penal especializada de Bogotá y está a la espera de pronunciamiento de la sentencia.

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por Camilo Silvera

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