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Corrupción tras las rejas

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Resumen

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Por: Rafael ‘Chiqui’ Serrano Camelo

El sistema penitenciario colombiano, diseñado para la rehabilitación y reintegración de los privados de la libertad, ha sido objeto de duras críticas por años debido a las alarmantes fallas estructurales, de hacinamiento y de corrupción que permiten la proliferación de beneficios indebidos y actividades ilícitas dentro de las cárceles.

En los últimos días, operativos realizados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han revelado un panorama desolador en los centros penitenciarios desde tiendas clandestinas surtidas con productos prohibidos hasta redes de tráfico de drogas y elementos de brujería que buscan intimidar a los guardias.

Una tienda en La Modelo

El descubrimiento de una tienda clandestina dentro de una celda en la cárcel La Modelo de Bogotá, en enero de 2025, es un claro ejemplo de cómo la corrupción permite que los internos establezcan negocios ilícitos con una organización sorprendente. Durante una inspección penitenciaria, las autoridades encontraron un comercio que ofrecía desde minutos hasta alimentos como papas fritas, dulces y gaseosas, hasta artículos de higiene personal. Este hallazgo no solo pone en evidencia la falta de controles efectivos, sino también la posible complicidad de funcionarios del Inpec en la entrada de estos productos al penal.

El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que el ingreso de estos elementos prohibidos no habría sido posible sin redes de corrupción que involucran a internos, visitantes y funcionarios penitenciarios. En este mismo operativo, además de la tienda ilegal, se decomisaron 14 kilos de drogas, teléfonos celulares, armas blancas y otros objetos prohibidos. Estos descubrimientos revelan un ecosistema de ilegalidad que opera casi con impunidad dentro de las cárceles del país.

Brujería y estrategias para intimidar

Otro aspecto perturbador encontrado durante los operativos fue el uso de elementos de brujería y santería para disuadir a los guardias de realizar inspecciones. En varias cárceles, se hallaron altares, muñecos vudú y líquidos en botellas que emanaban olores fétidos. Según el coronel Gutiérrez, estas prácticas buscan generar miedo y un "ambiente pesado" entre los funcionarios, dificultando las tareas de registro.

El hallazgo de estos elementos pone de manifiesto cómo los internos recurren a estrategias psicológicas para garantizar que sus actividades ilícitas no sean interrumpidas. En algunos casos, detrás de estos altares se ocultaban teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, lo que demuestra la operación de estas redes dentro de los centros penitenciarios.

La corrupción del Inpec

El problema de la corrupción dentro del sistema penitenciario colombiano no es nuevo. Según datos del Inpec, entre 2023 y 2024, al menos 3.800 funcionarios han sido investigados por posibles actos de corrupción, y 73 de estos casos están en proceso penal. La permisividad de los funcionarios, conocida coloquialmente como "puertas abiertas", ha permitido que los internos no solo tengan acceso a productos y servicios prohibidos, sino que también continúen liderando actividades delictivas desde las cárceles, como el microtráfico y las extorsiones.

Un caso ilustrativo de esta problemática es el operativo de registro y control realizado en el pabellón N.º 5 de la cárcel de Palogordo en Santander, donde se incautaron teléfonos celulares, armas corto-punzantes de fabricación artesanal y 10 litros de bebida fermentada. Este tipo de hallazgos se ha vuelto rutinario, lo que evidencia la incapacidad del sistema para frenar el flujo constante de elementos ilegales hacia los penales.

El rol de los dragonientes

Los dragonientes, encargados de la vigilancia y seguridad de los internos, son una pieza clave en este sistema corrupto. Muchos de ellos, seducidos por promesas de dinero rápido o amenazados por redes criminales, terminan facilitando la entrada de elementos prohibidos. La falta de recursos y capacitación, junto con las condiciones laborales precarias, son factores que contribuyen a que estos funcionarios caigan en la corrupción.

Sin embargo, no se trata solo de un problema individual. La corrupción dentro del Inpec tiene raíces estructurales que requieren una reforma profunda. La insuficiencia de recursos tecnológicos, como cámaras de vigilancia en condiciones óptimas, y la ausencia de mecanismos de supervisión efectivos agravan aún más la situación.

El modelo penitenciario colombiano parece estar mal diseñado, debido a que los reclusos lo usan más para lucrarse y obtener un control entre los presos que para rehabilitarlos para su reinserción en la sociedad. En este contexto, los internos se adaptan a las condiciones adversas creando sus propias economías y redes de poder. La existencia de tiendas clandestinas, el tráfico de drogas y armas, y la presencia de elementos de brujería no son fenómenos aislados, sino síntomas de un sistema profundamente fallido.

Además, la corrupción no solo afecta la seguridad dentro de los penales, sino que también perpetúa la desigualdad. Los internos con más recursos pueden acceder a privilegios, mientras que aquellos en condiciones de pobreza quedan relegados a una existencia aún más precaria. Esta desigualdad dentro de los penales refleja y amplifica las inequidades presentes en la sociedad colombiana.

¿Un cambio posible?

A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional y del Inpec por combatir estas prácticas, los avances son insuficientes. Se necesitan reformas estructurales que incluyan una mayor inversión en tecnología, capacitación para los funcionarios y un enfoque en la rehabilitación efectiva de los internos. Asimismo, es fundamental que los casos de corrupción sean sancionados con severidad para enviar un mensaje claro de que estas prácticas no serán toleradas.

La sociedad colombiana no puede seguir ignorando la realidad de sus cárceles. Estos centros, que deberían ser espacios para la reintegración social, se han convertido en microcosmos de corrupción y desigualdad. La transformación del sistema penitenciario debe ser una prioridad si queremos construir un país más justo y seguro para todos los ciudadanos que conformamos la sociedad.

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