Corte Constitucional ordenó suspender mesa del Minsalud por falta de participación real

La Corte Constitucional detuvo de manera fulminante la denominada mesa técnica del Ministerio de Salud que pretendía revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), al considerar que no garantizaba una participación efectiva ni cumplía con las órdenes previas del alto tribunal. Mediante el Auto 504 de 2025, la Corte ordenó suspender el funcionamiento de la mesa por 30 días, exigir correcciones de fondo en su funcionamiento y demandar del Gobierno nacional acciones inmediatas que eviten nuevas muertes por la grave crisis del sistema de salud.

La decisión del alto tribunal se da tras analizar múltiples denuncias de organizaciones de pacientes y actores del sistema, quienes alertaron que el Ministerio de Salud y Protección Social había convertido el espacio en un ejercicio meramente formal y excluyente. En el Auto, la Corte cuestionó que el Ministerio impusiera restricciones que limitaron la participación de sectores clave y desvirtuó el propósito central del mecanismo: definir con urgencia el reajuste de la UPC de 2024, considerada insuficiente desde el punto de vista técnico y financiero.

"Como sociedad civil, celebramos esta decisión de la Corte, pero nos preocupa que los retrasos en el tiempo obstaculicen la toma de decisiones. Hoy han terminado las mesas y, si el Gobierno cita unos nuevos espacios, se podría ir todo el 2025 sin lograr los ajustes. Las víctimas de hoy serán los muertos del mañana. Esta es nuestra principal preocupación", advirtió Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a más de 200 organizaciones del país.

En un contexto marcado por el desabastecimiento de medicamentos, barreras para acceder a tratamientos y la creciente suspensión de servicios, las organizaciones de pacientes señalaron que la raíz de la crisis está en una UPC congelada desde 2021, que ha generado un desfinanciamiento progresivo del sistema.

"Nuestro derecho a la salud no puede esperar. Millones de colombianos enfrentan hoy una crisis humanitaria silenciosa. Esta situación pone en riesgo la vida y la dignidad de miles de pacientes, especialmente de quienes viven con enfermedades de alto costo", agregó Silva.

Pacientes Colombia, que participó como perito voluntario en las mesas convocadas por el Ministerio junto con FECOER y el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas (ENHU), denunció ante la Corte los múltiples incumplimientos en el desarrollo de los espacios de concertación. Las observaciones coincidieron con los informes presentados por la Procuraduría General de la Nación, el Congreso, asociaciones de pacientes y gremios del sector salud.

"La Corte fue clara al señalar que el Ministerio impuso normas restrictivas, excluyó a actores relevantes y utilizó la mesa como un mecanismo formal sin efecto real", explicó Luz Victoria Salazar, presidenta del consejo directivo del ENHU.

Salazar expresó que “exigimos al Gobierno nacional que cumpla de inmediato las órdenes de la Corte Constitucional, que garantice una mesa de trabajo realmente participativa, plural y técnica, y que defina sin más dilaciones el reajuste justo de la UPC de 2024 y su mecanismo de corrección. Como rectores del sistema, es su responsabilidad priorizar el derecho fundamental a la salud por encima de decisiones políticas o presupuestarias”.

Por su parte, Diego Gil, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), manifestó que "no podemos seguir dilatando las decisiones contundentes sobre la suficiencia de la UPC. La difícil situación financiera del sistema de salud, exacerbada por la falta de recursos, pone en riesgo la atención y la vida de los pacientes. Es hora de garantizar una participación real y efectiva que permita construir soluciones técnicas y sostenibles para financiar la salud. El tiempo se agota. La crisis humanitaria no puede esperar. Cada día de aplazamiento profundiza el sufrimiento de los pacientes. La salud es un derecho, no una opción”.