¿Qué tanto sabía contra Jaime Andrés Beltrán del caso de la chatarra el testigo muerto en confusas circunstancias?

A casi dos años de haberse presentado las primeras denuncias sobre la desaparición de toneladas de material del sistema de alumbrado público de Bucaramanga, la Fiscalía General de la Nación registra avances casi nulos o inexistentes frente al proceso, pese al abundante material probatorio. A esta realidad se suma un hecho inquietante: la confusa y conveniente muerte para los procesados de Edgardo Rodríguez Herrera, considerado por los denunciantes como uno de los testigos más importantes dentro del proceso.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Aunque ya lo sabemos, vale la pena hacer un poco de contexto sobre el episodio: el fallecimiento de Edgardo Rodríguez ocurrió hace muy pocos días en la ciudad de Bucaramanga luego de haber permanecido hospitalizado por una intoxicación severa, y a la espera de que la Fiscalía General de la Nación definiera su situación jurídica, la misma que no ha efectuado ningún pronunciamiento sobre el caso y ha mantenido el expediente inmóvil pese a que ya la Contraloría Municipal logró con las mismas pruebas avanzar en la determinación de un presunto daño patrimonial superior a los 43 mil millones de pesos señalando a Jaime Andrés Beltrán como el principal responsable.

¿Por qué no se mueve el expediente? ¿Qué tanto sabía Rodríguez Herrera? EL FRENTE conversó con el denunciante principal del proceso, el economista y excandidato a la Gobernación de Santander, Emiro Arias, quien manifestó su desconcierto por la muerte de Rodríguez por las oscuras circunstancias de su fallecimiento: “Tras enterarme puse en mi cuenta de Twitter un post que decía: “Ni ahora ni nunca he pensado en el suicidio. Por si las moscas”, recordó en EL FRENTE Arias quien le exige a la fiscalía respuestas: “Hay un reclamo ciudadano frente a un expediente que para muchos bumangueses parece haberse quedado atrapado en los anaqueles judiciales”, indicó.

¿Qué tanto sabía el finado?

Edgardo Rodríguez no era un observador externo del caso. Según las declaraciones entregadas por el excandidato a la Gobernación de Santander, Emiro Arias, Rodríguez era una pieza fundamental porque, presuntamente, fue la persona que recibió las instrucciones que permitieron la salida del material almacenado en bodegas municipales.

De acuerdo con Arias, las investigaciones ciudadanas permitieron establecer que familiares cercanos a la esposa del entonces alcalde Jaime Andrés Beltrán, así como personas del entorno de la administración, habrían participado en las maniobras mediante las cuales desaparecieron las luminarias y otros elementos del alumbrado público.

"Aquí empezaron las investigaciones y lo que logramos demostrar es que estaban involucrados varios funcionarios de la Alcaldía y que directamente estaba involucrado un familiar del alcalde de Bucaramanga, conocido como Óscar Ramírez. A través de audios que pudimos obtener constatamos que daba las órdenes al señor Edgardo Rodríguez, recientemente fallecido, para que permitiera que se sustrajeran estos elementos", afirmó Arias.

El denunciante aseguró que también existen registros de vigilancia, fechas, horarios y otros elementos probatorios que, según sostiene, permitirían reconstruir el recorrido del material retirado de las bodegas.

En otras palabras la relevancia de Edgardo Rodríguez radicaba, según los denunciantes, en que podía conectar directamente a quienes habrían impartido las órdenes con quienes ejecutaron la salida del material. "Edgardo era el enlace con el asesor del alcalde que dio la orden para entregar esa chatarra al cuñado del alcalde. Su testimonio era muy importante porque permitía establecer las responsabilidades hacia arriba dentro de la cadena de mando", explicó Arias.

Precisamente por ello, su eventual colaboración con la Fiscalía era considerada determinante. Fuentes cercanas al proceso aseguran que Rodríguez había avanzado en conversaciones con las autoridades para ampliar sus declaraciones y eventualmente acogerse a beneficios judiciales.

Sin embargo, antes de que ello ocurriera, terminó gravemente enfermo. Posteriormente falleció. Las circunstancias exactas de su muerte aún generan interrogantes.

Epílogo: el capítulo de las bodegas vacías

La historia comenzó cuando Arias y otros ciudadanos recibieron información sobre la desaparición del material almacenado en varios puntos de Bucaramanga. El excandidato a la Gobernación relató que personalmente verificó las bodegas ubicadas en La Hormiga, en la zona de Puerta del Sol, y otros depósitos utilizados por el sistema de alumbrado público.

"A mí me indicaron que se habían sustraído unos elementos del alumbrado público. Cuando fuimos a verificar, en una de las bodegas se podía jugar fútbol porque no había absolutamente nada. Ni siquiera mugre. Posteriormente, mediante imágenes satelitales y registros fotográficos se pudo establecer que anteriormente esas luminarias rebosaban las paredes del depósito tan solo unos días antes del inicio del gobierno de Jaime Andrés Beltrán", señaló.

Efectivamente, durante años, el municipio de Bucaramanga había acumulado en distintas bodegas elementos provenientes del sistema de alumbrado público: luminarias de sodio que fueron reemplazadas por tecnología más moderna, postes, reflectores y equipos eléctricos que, aunque retirados de servicio, conservaban un valor económico considerable por los materiales que los componían, principalmente aluminio y cobre.

Estos elementos no eran basura. Eran activos del municipio, adquiridos con recursos públicos y, por tanto, sujetos a control, inventario y procedimientos estrictos para su disposición final.

Precisamente, uno de los elementos más llamativos para el caso de la formulación de cargos que se inició en la Contraloría Municipal de Bucaramanga es la forma en que se desmonta la idea de que la chatarra carece de valor, pues en el mercado actual, el kilo de aluminio puede alcanzar precios cercanos a los 2.800 pesos, mientras que el cobre tiene una cotización aún más alta.

Y cuando se habla de decenas de toneladas, las cifras dejan de ser marginales y se convierten en un botín atractivo. Esa es la lógica que habría operado detrás de la sustracción: aprovechar la percepción de que se trata de material inservible para convertirlo en dinero rápido, sin controles ni trazabilidad.

Con esos elementos probatorios, la denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía el 7 de agosto de 2024. Desde entonces, sostiene Arias, la investigación penal prácticamente no ha mostrado avances.

Una investigación fiscal sí avanzó

Mientras el proceso penal continúa sin resultados visibles, la Contraloría Municipal de Bucaramanga adelantó sus propias actuaciones. Las inspecciones físicas permitieron establecer la ausencia del material y derivaron en un proceso de responsabilidad fiscal cuyo monto supera los 43 mil millones de pesos.

"Ayer con estupor vi al asesor del alcalde decir que la chatarra no estaba y que no había inventarios. Eso no es cierto. Sí existían registros elaborados desde la administración anterior, había inventarios, había pesajes y hasta cotizaciones comerciales sobre el valor del material. Pretender cambiar la realidad en redes sociales no modifica las pruebas", manifestó Arias.

"Penalmente no ha ocurrido nada. Literalmente el proceso está durmiendo. Ya vamos para dos años y ni siquiera las compulsas de copias enviadas por la Contraloría motivaron actuaciones más contundentes", expresó Arias.

El dirigente político fue más allá y cuestionó el manejo de otros procesos de corrupción denunciados en Santander.

"Eso nos deja un sinsabor. El caso de las raquetas, el anillo vial externo y otros expedientes parecen estar durmiendo el sueño de los eternos. Hacemos un llamado a la Fiscal General para que revise las actuaciones de la Fiscalía Seccional en torno a los casos más sonados de corrupción", agregó.

El antecedente de Sandra Serrano

La muerte de Rodríguez ocurre después del fallecimiento de la abogada Sandra Cecilia Serrano, quien había liderado la demanda de nulidad electoral que terminó con la salida de Jaime Andrés Beltrán de la Alcaldía de Bucaramanga. Su deceso, ocurrido en octubre de 2025, también dio origen a múltiples especulaciones y cuestionamientos.

Aunque hasta la fecha no existe una conclusión oficial que permita vincular ambos hechos, para los denunciantes resulta inevitable observar la coincidencia de que dos personas con amplio conocimiento del expediente ya no estén con vida.

"Ha habido mucha suspicacia con las personas que han fallecido alrededor de este proceso. Yo espero que realmente todo tenga una explicación científica y técnica, pero no deja de ser preocupante", señaló Emiro Arias.

Las preguntas que siguen abiertas

¿Por qué un testigo que aparentemente estaba dispuesto a colaborar con la justicia cambió de posición antes de formalizar acuerdos con la Fiscalía? ¿Recibió presiones? ¿Fue objeto de amenazas? ¿Intentaron persuadirlo para guardar silencio? ¿Existen más pruebas documentales que permitan reconstruir los hechos? Por ahora, esas preguntas continúan sin respuesta.

Lo cierto es que, aun con la muerte de Edgardo Rodríguez, los denunciantes insisten en que las evidencias materiales seguirían existiendo y que los organismos judiciales cuentan con suficientes elementos para avanzar.

Mientras tanto, en Bucaramanga crece la percepción de que uno de los mayores escándalos de presunta corrupción de los últimos años continúa sin una respuesta penal proporcional a la magnitud de las denuncias. Y para muchos ciudadanos, el mayor temor no es únicamente lo que ya ocurrió. Es que, con el paso del tiempo, el expediente termine convirtiéndose en otro caso más condenado al olvido y la impunidad.

Por supuesto, el caso también pone en evidencia una falla estructural en el manejo de los bienes públicos. Más allá de las responsabilidades individuales, revela cómo la debilidad en los sistemas de control puede abrir la puerta a prácticas irregulares. Cuando los inventarios no se verifican con rigor, cuando los procesos de empalme no se auditan con profundidad y cuando la supervisión se relaja, el patrimonio público queda expuesto.

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¿Cuál chatarra?: Así ha respondido Jaime Andrés Beltrán a los señalamientos

En la administración pública la salida de bienes muebles, como se denomina este tipo de elementos, debe seguir un conducto regular de tal manera que cada objeto que entra al inventario debe tener trazabilidad, y su baja requiere actos administrativos que justifiquen su retiro, avalúos que determinen su valor y procedimientos que garanticen transparencia. En este caso, según la investigación, los bienes estaban inventariados, pero nunca fueron retirados oficialmente de los registros. En otras palabras, desaparecieron sin que el sistema administrativo registrara su salida.

Las explicaciones ofrecidas en su momento por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán han sido, cambiantes y, en algunos casos, hasta contradictorias. Por ejemplo, en un primer momento, la administración aseguró que los materiales seguían en las bodegas. Esa afirmación fue rápidamente cuestionada cuando, al día siguiente, se realizaron verificaciones físicas apoyadas incluso con sobrevuelos de dron, que mostraron espacios completamente vacíos. Es decir, donde antes había acumulación de luminarias, lo que quedó fue un terreno limpio, casi como si se hubiera querido borrar cualquier rastro.

Posteriormente, la narrativa oficial evolucionó hacia el desconocimiento. Se planteó que no existía certeza sobre la existencia de esos materiales o que no habían sido recibidos formalmente por la administración.
Sin embargo, esa línea de defensa se vio debilitada por la aparición de registros del proceso de empalme, en los que se documenta la entrega de estos bienes con detalle, incluyendo cantidades y estimaciones de valor.

El intento más reciente de explicación ha sido trasladar la responsabilidad hacia administraciones anteriores, insinuando que el problema podría haberse originado antes del inicio del mandato de Beltrán. No obstante, el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría, no vincula a exalcaldes previos, sino que centra la atención en la administración en la que se habría producido la sustracción de los bienes. La razón es sencilla: aunque los materiales venían de periodos anteriores, estaban bajo custodia de la administración saliente y fueron formalmente entregados a la siguiente, lo que establece una línea clara de responsabilidad.

A estas declaraciones se suma la posición de Rodrigo Parada, asesor jurídico de la Alcaldía de Bucaramanga, cuyas afirmaciones en el canal Desigual, con el influencer Alejandro Villanueva, generan estupor entre amplios sectores de la ciudadanía.

En el video, el funcionario prácticamente negó la existencia del escándalo de la llamada "chatarra municipal", argumentando que nunca existió un inventario que permitiera establecer qué bienes había realmente bajo custodia del Municipio. "¿Cuál chatarra?", respondió Parada cuando fue interrogado sobre el destino de los elementos que durante años han sido objeto de investigaciones y denuncias. Según el asesor jurídico, la ausencia de un inventario histórico impide afirmar que hubo desaparición de bienes.

"Como no hay inventario, no podemos saber qué había. Entonces, cuando usted me pregunta dónde está la chatarra, no sabemos qué chatarra", aseguró. En su intervención, Rodrigo Parada fue más allá y sostuvo que nunca se permitió el robo de estos bienes.

Incluso señaló que son tantos los vacíos que inicialmente la Contraloría Municipal habló de pérdidas cercanas a los 22 mil millones de pesos y posteriormente corrigió el cálculo hasta superar los 44 mil millones, situación que atribuyó a errores en las tablas de Excel utilizadas para realizar las estimaciones.

"¿Pasar de 22 mil a 44 mil? ¿Pasar de 44 mil a cero? Pues, por supuesto, porque no tienen ni idea de qué es lo que había", manifestó.

Para muchos ciudadanos, el argumento de que "no hubo desaparición porque no se sabe qué existía" resulta tan desconcertante como inadmisible. En esencia, la defensa planteada por el asesor jurídico no desvirtúa las denuncias históricas, sino que pone sobre la mesa un problema aún más profundo: la posible inexistencia de mecanismos básicos de control sobre bienes públicos.