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Critican propuesta de Vanti de unificar valor de trasporte de gas en la costa y el interior del país

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Resumen

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Al analizar esta propuesta, la Contraloría considera que, si bien el componente de transporte no es el de mayor peso en la tarifa final del usuario en la Costa, su incremento sí se traslada de manera plena y directa a los bolsillos de los usuarios, tanto residenciales como no residenciales, lo que significa mayores gastos y costo de vida, impacto en la canasta básica de los habitantes y en la inflación, mayores subsidios del gobierno a los estratos 1 y 2 de esta región, posibles mayores precios del combustible para la industria y pérdida de competitividad.

Mediante Circular 020 de 2024, la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG publicó para comentarios los documentos de la propuesta de agregación de tramos regulados en el sistema de transporte de TGI (filial del Grupo de Energía de Bogotá).

La propuesta que presentó la empresa VANTI, con base en un estudio que hizo la Universidad de los Andes, sostiene que la agregación de tramos regulados del sistema de transporte de TGI con el de PROMIGAS permitirá aumentar la oferta de gas en el mercado y se realiza sobre escenarios donde partiendo de un superávit de gas, se puede incentivar la competencia entre productores de gas y así obtener ahorros en el precio de la molécula, calculados en alrededor del 23% a nivel nacional.

La agregación implica que los costos de transporte ya no dependerían de la distancia recorrida por la molécula de gas entre los puntos de producción y de consumo, sino que se tendría una tarifa única (estampilla) a nivel nacional.

En el informe se calcula el costo de transporte estampilla para la Costa en US$1.18/kpc (kpc: miles de pies cúbicos), para el interior en US$2.70 kpc y en caso de agregar todos los sistemas del país en US$2.09/kpc, lo que implica una disminución del 23% en la tarifa de transporte agregado para el interior y un aumento del 77% para la Costa (respecto a las agregaciones parciales).

Si bien el componente de transporte no es el de mayor peso en la tarifa final del usuario (en la Costa), su incremento sí se traslada de manera plena y directa a los bolsillos de los usuarios, tanto residenciales como no residenciales, lo que significa mayores gastos y costo de vida, impacto en la canasta básica de los habitantes y en la inflación, mayores subsidios del gobierno a los estratos 1 y 2 de la costa, posibles mayores precios del combustible para la industria, y pérdida de competitividad, más aún cuando no se ha solucionado el tema tarifario en energía eléctrica y, según los últimos análisis, parece que está empeorando con las medidas tomadas por el Gobierno para controlar la demanda por el fenómeno de El Niño.

¿Se están sobreestimando los beneficios?

Preocupa a la CGR este cálculo pues si se revisan las actuales tarifas de transporte en la Costa se encuentra que en promedio para el último año son más altas (US$2.21/kpc) que lo calculado por el estudio presentado (US$1.18/kpc), lo que implica que se están posiblemente sobreestimando los beneficios.

Por otra parte, el informe asume que la oferta de gas es superavitaria, y como ha advertido anterior y repetidamente la CGR, se tiene un sombrío panorama de déficit de gas en el mediano plazo, especialmente para la Costa, pero en general para todo el país que cuenta con reservas de gas para 7,2 años, siempre y cuando la producción sea constante, luego el abastecimiento a hoy es incierto.

Actualmente, el gas producido al interior tiene un costo más bajo que los de la Costa, por lo que la iniciativa de método estampillado permitiría que ese gas del interior llegue también allí. Debe recordarse que mientras los campos gasíferos del Caribe están declinando, la producción en el centro ha venido creciendo por lo que eventualmente, si no cambian las condiciones, esta región enfrentará problemas de altas tarifas y/o escasez de gas.

Por otra parte, al ser libre el precio de la molécula y al existir más gas en el interior (que es más barato) que en la Costa (que es más caro), las probabilidades apuntan a que llegará más gas del centro a la Costa, si la tarifa de transporte es plana (estampilla) pero esto supone lógicas de libre mercado que pueden no darse ante escenarios de escasez, en los cuales aumentan las presiones para los agentes del mercado, que pueden llegar en conjunto a comportarse de manera menos racional a la prevista.

Si no es claro el futuro de las reservas de gas en el país (a pesar de los interesantes prospectos en el offshore caribeño), aunado a los bajos incentivos para la exploración de hidrocarburos, le preocupa a la CGR que la iniciativa presentada se sustente sobre escenarios  en los que no se tiene suficiente información sobre cómo pueden reaccionar los agentes productores ante una agregación de tramos.

La Contraloría General de la República insiste en que se viabilicen los proyectos del plan de abastecimiento de gas natural para expansión y mejora en la infraestructura en estos servicios, como condición necesaria, aunque no suficiente para avanzar hacia la formación de tarifas eficientes.

Más preguntas que respuestas...

El estudio hecho público por la CREG no habla (y tampoco es su intención) de quiénes se benefician o se perjudican dentro de la población. No se realiza un análisis de impactos en tarifas, capacidades de pago de los clientes, potencial desplazamiento de industrias de la costa al interior del país, o incluso disminución de la demanda industrial por cambio de combustible al perder el gas natural en la costa competitividad ante otros energéticos.

Ciertamente habrá beneficiados y perjudicados y ojalá los primeros superen a los segundos, pero ¿Habría progresividad en la propuesta? ¿O por el contrario serán los estratos bajos de la región Caribe los afectados? Debe recordarse que el documento publicado por la CREG está a disposición para comentarios y que normalmente son las entidades organizadas (empresas productoras, de transporte o regulatorias) las que velan por sus intereses y que el usuario final, que es el más afectado por las decisiones, no suele tener la posibilidad de discutir en igualdad de condiciones con los demás agentes del mercado, tarea a la que se espera poder contribuir desde la Contraloría.

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