Del parrandón a la sanción: Procuraduría le desconectó los parlantes a tremendo ‘foforro’ que armaron en una prisión. Ya hay investigados

En las cárceles colombianas hay quienes cumplen condenas, quienes vigilan a los condenados y, al parecer, quienes creen que una prisión de máxima y mediana seguridad también puede funcionar como salón de eventos, con agrupación musical incluida y la correspondiente furrusca para amenizar la jornada.

Pero la fiesta se acabó cuando apareció la Procuraduría General de la Nación, que decidió ponerle punto final al parrandón y pasar la factura disciplinaria a dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por omitir sus funciones de control y registro durante el ingreso de un grupo musical al establecimiento penitenciario La Paz, de Itagüí, Antioquia.

La decisión fue anunciada el 14 de septiembre de 2026 por el Ministerio Público, que en fallo de primera instancia suspendió e inhabilitó por seis meses a los funcionarios Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio.

La sanción tiene su origen en los hechos ocurridos el pasado 8 de abril, cuando una agrupación musical vinculada a un artista ingresó al establecimiento carcelario. Según la investigación disciplinaria, los guardianes omitieron realizar las anotaciones y los registros correspondientes en la minuta, documento fundamental para dejar constancia de quién entra, quién sale y bajo qué autorización se mueve dentro de una prisión.

En otras palabras, mientras algunos estaban pendientes de que sonara la música, los controles aparentemente quedaron esperando su turno. Y en una cárcel, donde la seguridad no debería depender del ritmo de la canción ni del entusiasmo del público, semejante descuido terminó convirtiéndose en asunto de la Procuraduría.

De guardianes a organizadores involuntarios de la rumba

La Procuraduría calificó las faltas como graves, cometidas a título de culpa grave, al considerar que los dragoneantes incumplieron sus deberes funcionales de control y registro.

El problema no fue, según el fallo, que en la cárcel hubiera música. El problema fue que los funcionarios omitieron las obligaciones de seguridad y documentación que debían cumplir frente al ingreso de la agrupación musical.

Porque una cosa es que una prisión tenga actividades autorizadas para los internos y otra muy distinta que los procedimientos de control parezcan haber sido enviados a tomarse un descanso mientras se armaba la parranda.

El Ministerio Público también advirtió que la conducta tuvo trascendencia social, al generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el INPEC. Y ahí es donde la fiesta deja de ser un asunto de música para convertirse en un problema institucional. Si en un establecimiento penitenciario se omiten los registros de ingreso, la ciudadanía queda con una pregunta bastante incómoda: ¿quién estaba vigilando a los guardianes mientras los guardianes dejaban de vigilar?

De acuerdo con la Procuraduría, la sanción fue impuesta después de aplicar la reducción correspondiente por la confesión realizada por Góez David y Vargas Rubio durante la etapa de instrucción. Es decir, el expediente tuvo su propio momento de sinceridad: se reconocieron los hechos y el proceso terminó con una suspensión e inhabilidad de seis meses para cada uno de los funcionarios.

 Eso sí, la historia todavía no termina. El ente de control precisó que el proceso disciplinario contra los demás investigados continúa en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia.