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“Familiar de juez que me condenó me pidió $300 millones por mi inocencia”: Lucho Bohórquez tras dos años de su condena

Bohórquez reactivó la controversia al afirmar que un familiar del juez que lo condenó le pidió $300 millones por su inocencia.

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“Familiar de juez que me condenó me pidió $300 millones por mi inocencia”: Lucho Bohórquez tras dos años de su condena
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Dos años después de ser condenado en primera instancia, el exalcalde Luis Francisco Bohórquez revive una explosiva denuncia contra el entorno del juez Jaime Puentes y pone sobre la mesa un fallo de la Corte Suprema en el que ese mismo despacho fue cuestionado por la valoración de las pruebas.

 

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Dos años después de que el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga lo declarara culpable, el exalcalde Luis Francisco Bohórquez volvió a prender la mecha de una controversia que amenaza con convertirse en otro capítulo explosivo del caso que terminó con una condena de 17 años y 11 meses de prisión.

Esta vez, la acusación no está dirigida solamente contra su condena. Bohórquez puso nuevamente sobre la mesa una denuncia mucho más grave: aseguró que un familiar del juez que lo condenó, Jaime Enrique Puentes Torrado, le habría exigido $300 millones a cambio de declararlo inocente.

La acusación fue publicada por el propio exmandatario en sus redes sociales, acompañada de un documento judicial de la Corte Suprema de Justicia que, según Bohórquez, resulta especialmente llamativo porque corresponde a otro proceso en el que intervino el mismo juez.

“Hoy hace 2 años el Juez 9 Jaime Puentes me declaró culpable. Su cuñado William Granados exigía 300 millones a cambio de mi inocencia”, escribió el exalcalde. Bohórquez agregó una frase que eleva todavía más la temperatura de la denuncia: “Comparto fallo de @CorteSupremaJ donde este mismo Juez condena otra víctima y la Corte lo declara inocente por no valorar la prueba. ¡Recurrente!”.

La acusación, sin embargo, corresponde a una afirmación del exalcalde y no equivale por sí misma a una decisión judicial que haya establecido que existió un cobro de dinero o una actuación irregular del juez. De hecho, en abril de 2026 medios locales reportaron que William Granados Ferreira, señalado por Bohórquez como la persona que habría ofrecido ayuda a cambio de los $300 millones, negó esa acusación y anunció acciones legales.

 

La coincidencia que Bohórquez pone bajo la lupa

El elemento que el exalcalde utiliza para reforzar su denuncia es un fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con otro procesado que pasó por el despacho de Puentes Torrado. Según el planteamiento de Bohórquez, la Corte habría corregido una decisión del juez al considerar que el material probatorio no fue valorado de manera equitativa y objetiva.

El antecedente adquiere relevancia porque el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, entonces a cargo de Jaime Enrique Puentes Torrado, fue precisamente el despacho que en noviembre de 2024 condenó a Bohórquez a 17 años y 11 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, dentro del denominado caso ‘Manantial de Amor’.

La sentencia de primera instancia describió los hechos investigados como una estructura de corrupción alrededor de contratos celebrados durante la administración municipal de 2012 a 2015. La decisión fue apelada.

Ahora Bohórquez intenta llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia. En julio de 2026 presentó un recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia y sostuvo que el Tribunal Superior de Bucaramanga no habría estudiado los argumentos planteados por su defensa.

La acusación sobre los $300 millones no apareció por primera vez con este último mensaje. El propio Bohórquez ya había asegurado que su abogado le informó sobre un supuesto ofrecimiento económico para conseguir una decisión favorable y que esa situación habría sido consignada mediante una declaración ante notaría.

En declaraciones divulgadas en julio, el exalcalde sostuvo que esas manifestaciones no fueron conocidas por el Tribunal durante la segunda instancia y expresó su expectativa de que la Corte Suprema revise su caso.

“Confío en las instituciones públicas de Colombia”, manifestó entonces Bohórquez, al pedir que el alto tribunal valore las pruebas y determine si debe mantenerse o modificarse su condena.

La polémica llega en un momento particularmente sensible para Bohórquez. Su recurso de casación busca que la Corte Suprema determine si en el trámite de su proceso se presentaron errores jurídicos capaces de afectar la sentencia.