Demorar los dineros para el sector defensa pone en riesgo a las poblaciones: reproche del Contralor a Petro

“El presupuesto de defensa no puede ser la variable de ajuste en coyunturas fiscales complejas”, dice el jefe del ente de control al alertar sobre esta situación y en particular los efectos de la reducción de $152.805 millones al Ejército Nacional. Este tijeretazo presupuestal está comprometiendo gravemente actividades como el sostenimiento de unidades desplegadas en el territorio, la operación y mantenimiento de aeronaves y equipos estratégicos y el desarrollo de inteligencia militar, señala el Contralor General.

El Contralor General de la República advirtió con preocupación extrema los efectos negativos derivados del aplazamiento de $428.436 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación correspondientes al Sector Defensa, en aplicación del Decreto 0069 de 2025, “Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025”.

Para el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, esta decisión, si bien se inscribe dentro de una estrategia de ajuste fiscal, ha generado una afectación crítica y desproporcionada a la operatividad de la Fuerza Pública, en contravía de la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la integridad territorial.

De manera específica, la reducción de $152.805 millones al Ejército Nacional compromete gravemente funciones esenciales tales como:

            •          El sostenimiento de unidades desplegadas en el territorio.

            •          La operación y mantenimiento de aeronaves y equipos estratégicos,

            •          El desarrollo de inteligencia militar.

            •          El pago de servicios básicos que garantizan la funcionalidad de las unidades.

            •          Y la implementación de los programas de gratuidad en escuelas de formación (Decreto 1907 de 2023) y procesos de incorporación de soldados profesionales (Decreto 2225 de 2022).

“Estas limitaciones ponen en riesgo inmediato la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas reales a la seguridad nacional, particularmente en regiones donde la presencia institucional es indispensable para la estabilidad del país”, advirtió el Contralor General de la República.

A esto se suma el impacto estructural en el relevo generacional del pie de fuerza, situación que podría dejar al país expuesto a un progresivo debilitamiento de sus capacidades defensivas, indicó.

No se puede debilitar la

defensa y seguridad nacional

“Desde la Contraloría General hemos reiterado la necesidad de avanzar en una consolidación fiscal responsable, a través de una ejecución presupuestal eficiente, transparente y con criterios de priorización. No obstante, advertimos que la sostenibilidad fiscal no puede construirse a costa de debilitar funciones esenciales del Estado, como lo es la defensa y seguridad nacional”, dijo en tono concluyente el Contralor Rodríguez Becerra.

“Dada esta situación, hacemos un llamado urgente y categórico al Gobierno Nacional para que, en el marco de su competencia, proceda al descongelamiento inmediato de los recursos asignados al Sector Defensa. Esta decisión debe ser producto de una revisión técnica, focalizada y diferenciada del gasto, que reconozca la naturaleza estratégica de este sector y la gravedad de las consecuencias que hoy enfrenta el país”, precisó el jefe del organismo de control.

Y fue contundente: “El fortalecimiento institucional no es negociable. La seguridad no admite aplazamientos. El presupuesto de defensa no puede ser la variable de ajuste en coyunturas fiscales complejas. El Estado debe actuar con responsabilidad integral: cuidando las finanzas públicas, pero también garantizando la protección de los ciudadanos y la estabilidad del territorio nacional”.

La Contraloría General de la República seguirá ejerciendo su función de vigilancia fiscal, insistiendo en que los principios de eficiencia y eficacia presupuestal deben coexistir con una visión estratégica del gasto público, donde la seguridad y el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública sean garantizados sin dilaciones, finalizó.

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