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Denuncian crisis en la defensoría pública: no hay plata para pagar los abogados de oficio

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Resumen

La Defensoría del Pueblo advierte un colapso inminente en la justicia por falta de presupuesto en 2025, afectando defensores públicos esenciales para garantizar el acceso igualitario a la justicia, sobre todo para los ciudadanos de bajos recursos.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Un informe revelado recientemente por el ministerio pública reveló que para este 2025 no hay presupuesto para el rubro de defensoría pública. Sería inminente el colapso en el sistema de justicia.

La defensoría pública es un servicio que se presta de manera gratuita a todas las personas que demuestren una condición de imposibilidad económica o social para asumir su representación judicial o extrajudicial.

Esta labor está a cargo de la Defensoría del Pueblo, entidad que debe garantizar el derecho a que todas las personas de escasos recursos se les preste el servicio de Defensoría Pública, con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública.

Sin embargo, este derecho ciudadano está en riesgo por cuenta de la falta de recursos para pagar el servicio profesional, por parte de la Defensoría del Pueblo, entidad que recientemente adviertió a jueces, abogados y fiscales que este 2025 el presupuesto no alcanza y la planta de profesionales que atienden los casos de ciudadanos sin recursos está en riesgo.

“Según nuestras estimaciones y datos estadísticos, esta regional requiere, al menos, 58 defensores públicos adicionales en la subárea de víctimas. Esto sin considerar los profesionales indispensables para atender a la población privada de la libertad, dada la situación de estado de cosas inconstitucional que enfrentan nuestras instituciones penitenciarias”, explicó la Defensoría en el documento que radicó en la misma entidad.

La institución hace la advertencia y entiende la necesidad de alertar a todos los sectores del sistema judicial la precaria situación económica, que anticipa un colapso en la prestación del servicio de defensoría pública. Es un asunto de relevancia que parece un vaticinio peligroso en materia de protección de derechos.

“Además, la situación macroeconómica actual ha impactado considerablemente el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo para el periodo fiscal 2025, lo que implica serias dificultades para garantizar la continuidad del número actual de defensores públicos durante todo el año, a pesar de los esfuerzos realizados para prorrogar contratos mediante ciclos parciales”, señala el texto.

No es la primera vez que los defensores públicos están en riesgo. Cada conteo de recursos, de presupuesto para el sector justicia y en especial de la defensa de oficio, la amenaza de recorte presupuestal deja en riesgo la permanencia y asistencia de los defensores. Ahora el asunto es mayor, no solo se suspenden nuevas contrataciones, sino que las existentes quedaron en la cuerda floja.

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