Resumen
El artículo revela irregularidades en la compraventa de un predio estratégico para la conservación ambiental en Santander, Colombia. El predio, adquirido por CAS por 2.659 millones de pesos, mostraba un aumento de valor sospechoso comparado con su precio previo de 55 millones de pesos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Cuatro años después de firmado un contrato de compraventa millonario entre la Corporación Autónoma de Santander (CAS) y un particular, con el objetivo de que la autoridad ambiental se hiciera a un predio que tenía todas las cualidades para ser considerado como estratégico para la preservación ambiental de una región de Santander, salieron a la luz toda una serie de irregularidades que hacen pensar que el convenio estuvo plagado de irregularidades.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda
Redacción Política / EL FRENTE
Hablamos de un contrato mediante el cual se efectuó vía contratación directa, por medio de la ley 1150 del 2007, la adquisición del predio ‘Finca Ranchería’ ubicado en la vereda Salchía del municipio de Onzaga (Santander), compra que para la corporación ambiental resultaba estratégica pues tenía el objetivo de contribuir a la conservación de nacederos de agua, afluentes hídricos, áreas circundantes, considerados por peritos de la Corporación Autónoma de Santander (CAS) como áreas estratégicas de protección y conservación de ecosistemas para esa región del departamento, predio que se encuentra ubicado en jurisdicción de la casa Santander.
El altísimo interés ambiental del inmueble fue certificado mediante el conceptos técnicos No. 00016812020, de fecha 28 de agosto de 2020, documento en el que se determinó que el predio El predio Ranchería se encuentra ubicado dentro del Distrito Regional de Manejo integrado (DRMI) de los Paramos de Guantiva y La Rusia en sus zonas de conservación, preservación, donde se encuentran localizados varios drenajes que originan fuentes hídricas que drenan hacia el departamento de Boyacá, donde se pueden identificar los drenajes conocidos en la región como Los Micos, Aserraderos, El Ramo y Aguablanca, que suministran el recurso hídricos a las poblaciones asentadas en zonas estratégicas para el sur del departamento de Santander y el Norte de Boyacá.
“El relieve presenta una topografía inclinada, con pendientes que oscilan entre un 10% y 70%, lo cual hace que los suelos sean bien drenados, favoreciendo la inestabilidad, erosiones y degradación del suelo; la presencia de bosques nativos en este terreno, favorece la conservación y preservación de los recursos naturales, especialmente el agua, para lo cual la comunidad promueve el proyecto ante el municipio, la Gobernación y la Corporación, para la adquisición de este predio para que el uso sea de protección y conservación dada la importancia estratégica, para los departamentos de Boyacá y Santander, en el suministro de agua, que se oferta en el páramo de Guantiva”, dice el concepto técnico fechado, muy convenientemente, a pocas semanas de efectuarse la compraventa.
“En la actualidad, es posible clasificar a los predios de distinta manera según su ubicación. Un predio urbano es aquel que se encuentra en un sitio poblado, mientras que un predio rural está situado en las afueras y, por lo general, se destina a tareas rurales. Las fuentes hídricas, propiedad de particulares y necesarias para la preservación del ecosistema y el abastecimiento de agua y acueductos por parte de comunidades. La Corporación tiene el deber de comprarlos”, decretó el concepto técnico.
De acuerdo con la documentación legal que la unidad investigativa consultó de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, el detalle del proceso se encuentra en el sistema Secop I bajo el numerado 007-619-2020 donde consta que el predio fue finalmente adquirido, por medio de escritura pública, por un valor de 2 mil 659 millones 700 mil 497 pesos, compra que estuvo a cargo del entonces secretario general de la corporación ambiental Carlos Ernesto Reyes Monsalve.
¿Engordaron el predio?
Lo que el sistema Secop I no evidencia son toda la serie de presuntas irregularidades que hoy la comunidad de la zona pide que sean investigadas por parte de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la Procuraduría General de la República, así como por la Contraloría General de la República pues miembros de la comunidad aseguran que circunstancias sospechosas ocurrieron antes y durante el proceso de adquisición del predio, circunstancias que presuntamente habrían desembocado en un millonario detrimento patrimonial de los recursos propios de la CAS, y por ende de los santandereanos.
Entre las circunstancias de mayor gravedad de todo este proceso se encuentra, por ejemplo, el valor total del contrato, que, como ya dijimos arriba, tuvo un alcance en el 2020 de 2 mil 659 millones 700 mil 497 pesos a pesar de que en el lustro inmediatamente anterior el predio no superaba en el respectivo avalúo comercial de 55 millones de pesos, de acuerdo con documentación oficial.
En otras palabras, en menos de 7 años el valor comercial del inmueble tuvo un sospechoso y presuntamente irregular incremento cercano a 50 veces su valor inicial, pese a que tanto en los primeros avalúos como en la firma del contrato el predio permaneció exactamente en las mismas condiciones, sin modificación alguna, sin nuevas áreas construidas, y con el mismo interés ambiental de conservación por sus condiciones hídricas.
El sustento de esta conclusión, que no es una simple suspicacia, reposa en la Oficina de Instrumentos Públicos de San Gil, de cuyos archivos EL FRENTE obtuvo recientemente el Certificado de Tradición y Libertad, basado en la Matrícula Inmobiliaria del predio, con el número 319-27956.
Échele ojo: según el Certificado de Tradición y Libertad, el 26 de abril del año 1994 se efectuó la primera anotación con fines comerciales, radicada bajo el numeral 1534, efectuada tras la firma de una escritura pública tramitada en la Notaría de Onzaga por un valor de 13 millones de pesos, entre partes cuya identidad vamos a reservar debido a que no es información relevante en esta parte de la investigación periodística.
¿Nombres con intereses económicos?
Cinco años más tarde, en el año 1998, se realiza una nueva anotación, en esta ocasión nuevamente por escritura de compraventa, la cual tuvo un valor de 16 millones de pesos. 20 años después, en el año 2018, nuevamente se registra otra anotación bajo la especificación de compraventa, la cual tuvo un valor de 55 millones de pesos, venta en la que participó como comprador quien hasta hace 5 años fue el titular del inmueble.
Hablamos del señor Fabián Quintero Quintero quien posteriormente mediante una intervención jurídica bastante extraña e inusual, pues contó con un hombre identificado como Fabio Nel Díaz Castillo (quien curiosamente hoy es el alcalde del municipio de Guacamayo (Santander), termina vendiéndole a la Corporación Autónoma de Santander (CAS) por la referida suma de 2 mil 659 millones 700 mil 497 pesos.
A estas alturas, surge una pregunta: ¿De dónde salió el avalúo? Pues la suma fue el resultado de un peritaje efectuado por la Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, en su regional Santander, y uno de los peritos a cargo del análisis cuantitativo y cualitativo del predio estuvo a cargo de un perito de rango master, identificado como Álvaro Pinto Serrano, nombre que no es del todo desconocido para Santander debido a que en el gobierno de la Alcaldía de Juan Carlos Cárdenas fungió como exdirector de otra corporación ambiental de interés para Santander: el Área Metropolitana de Bucaramanga y además se ha desempeñado como Presidente y vicepresidente regional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Santander, director de la Lonja Inmobiliaria en Santander.
“No es posible que un predio en dos años tenga un avalúo de más del 500%, el lote comercial tenía un precio de 55 millones, según el valor de la compra, el predio por mes se valorizaba cerca de los 88 millones de pesos, cuando lo venden en 2020 a la CAS lo hacen por más de 2.600 millones de pesos, Otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué no lo pudo vender directamente el propietario del terreno? ¿Por qué el hoy Alcalde del Guacamayo tuvo representación? El valor no es para nada real, claramente no es un interés de reserva del agua, debe haber algún interés económico, el terreno cumple con esas características de reserva del agua, es una peña, es montaña, es apto para eso pero el precio es absurdo y todo eso se puede evaluar y verificar en los certificados de libertad y tradición”, indicó un habitante de la zona quien por razones obvias pidió no solo la reserva de su nombre sino que las autoridades correspondientes investiguen el episodio.
