Derechos Humanos -DDHH- en Colombia ¡a punta de cañón!

Un SOS al Estado Mayor Conjunto de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, han lanzado diferentes dirigentes defensores de los Derechos Humanos en Colombia, debido a las constantes amenazas y asesinatos de sus líderes, por lo que se exigen medidas de protección integra, que permita ejercer la defensa de los derechos humanos, propiciando generar confianza en las instituciones que los defienden, borrando el estigma de ser considerados como uno de los países más peligrosos del mundo.

David Mayorga Osorio, director general de Corpoindh DDHH, ha hecho una sinopsis de la difícil situación por la que atraviesan los diferentes líderes y entes defensores de derechos humanos por las constantes amenazas, planteando sugerencias a tener en cuenta, que permitirán ejercer esta labor social libre, sin temor alguno, contando con el aval y participación estatal.

Alarma por amenazas y asesinatos contra la dirigencia social

La escalada de amenazas de muerte y de asesinatos contra las personas que ejercen liderazgos sociales en Colombia está generando gran preocupación en el país y en el sistema internacional de los derechos humanos, haciendo que nos preguntemos ¿Qué hacer para detener este desangre que afecta a la calidad democrática y a la sociedad entera?

Situación actual

Colombia volvió a ser el país más peligroso del mundo para ese colectivo reconocido por la ONU como muy vulnerable, que ya se acerca a la cifra de dos mil personas asesinadas en los últimos cinco años.

Estos ataques parecen planificados, sistemáticos. Claramente tienen el propósito de descabezar a las organizaciones para romper el tejido social paralizando mediante el miedo a las comunidades rurales y urbanas, sometidas al horror cotidiano de las amenazas y de los asesinatos contra sus voceros.

Historia

Los gobiernos colombianos desde hace medio siglo, algunos de ellos, usaron la estigmatización y los señalamientos públicos que tildaron de “guerrilleros” a los sindicalistas y a quienes defendían los derechos humanos para desacreditar su labor y para justificar las agresiones, incluidos los asesinatos.

Por eso era frecuente oír en el sepelio de una persona asesinada por su liderazgo social que alguien desaprensivo lo justificara diciendo: “Si lo mataron por algo sería”.

Labor social

Estamos trabajando para que en este gobierno pueda legitimarse la defensa de los derechos humanos y que se instruya a la fuerza pública y a las demás autoridades de respetar los liderazgos y de dialogar con el movimiento social.  Pese a ello, continúan los ataques, sin que se haya podido garantizar la vida de la dirigencia social que sigue siendo amenazada y asesinada, sin que la Fiscalía acuse ni la justicia sancione.  Atacar a un líder social sigue siendo fácil.

La impunidad estimula la persistencia de las agresiones. Los ataques también parecen orientados a desestabilizar y a generar más caos para volver más ingobernable el país.

Las agresiones y la impunidad generan una crisis de credibilidad en las instituciones y en el gobierno, lo que da para pensar que no solo hay intereses económicos detrás de los ataques, también hay intereses políticos de la derecha colombiana para sacar réditos de estas acciones criminales y de la desesperanza que generan.

Además, mientras algunos líderes enfrentan situaciones de riesgo real y sufren las consecuencias psicológicas y sociales de estas acciones, otros intentan sacarle beneficios personales o institucionales, generando un desorden que afecta la reputación de los defensores genuinos y dificulta la implementación de medidas efectivas de protección.

Seguridad

Es urgente que se garantice la protección efectiva de quienes defienden los derechos humanos y realizan un trabajo genuino en los territorios. Y para eso hay varios caminos: el diálogo y el acuerdo que propone la Paz Total para desmontar los grupos violentos y una serie de medidas legales y políticas, además de la acción decidida del Estado para enfrentarlos.

Es necesario que se cumpla el Acuerdo de Paz firmado hace ocho años y que se desmonte el paramilitarismo y sus estructuras de apoyo, que incluyen clanes políticos corruptos, bandas de narcotraficantes y sectores del empresariado criollo y de las multinacionales.

Es necesario que se desmantelen los grupos armados que se presentan como insurgentes actuando con los mismos métodos de los grupos paramilitares contra la dirigencia social.

Y es necesaria una depuración de la justicia y de la fuerza pública, policía y del ejército, que tienen sectores cooptados por los políticos corruptos y por la delincuencia organizada, además de que se impone un cambio de mentalidad en oficiales y tropas envenenadas por la doctrina gringa del enemigo interno, que ven en cada ciudadano de izquierda y en cada liderazgo social una amenaza para el Estado que es legítimo atacar a muerte.

Investigación y justicia

Junto a medidas de protección integral es imprescindible que la justicia actúe con la investigación y la sanción a los responsables de los ataques contra los liderazgos pues son personas protegidas por el derecho internacional que establece que amenazarles o asesinarlos constituye un crimen de lesa humanidad.

Es urgente cimentar en esta sociedad polarizada, tan dividida por la guerra y por la intoxicación mediática, el diálogo y la construcción de paz en cada comunidad.

Solo a través de un enfoque multidimensional y coordinado podremos construir un entorno seguro y propicio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, por lo que resultan oportunas acciones como la de revisar y actualizar la legislación de protección, estimular acciones de cooperación internacional que ayuden a proteger a las personas defensoras, implementar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación concertada de las acciones de protección para prevenir ataques y para dar respuestas efectivas y oportunas.

Las amenazas y los crímenes contra las personas que defienden los derechos humanos le hacen mucho daño al país, porque agravan la falta de confianza en las instituciones y generan un clima general de miedo y de desesperanza.

Es urgente que el Estado y la sociedad civil tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes exponen su vida para defender los derechos de los demás.

Juntos podemos construir un país donde la defensa de los derechos sea una tarea que se realice en condiciones de seguridad y de libertad, recociendo que sin los liderazgos sociales y sin la acción legítima de quienes defienden los derechos humanos y ambientales, no hay democracia, ni habrá paz, ni país.