Resumen
Jorge Emilio Domínguez, ex funcionario de la DIAN, es acusado de liderar una operación de lavado de dinero y contrabando en Colombia, generando 5.900 millones de pesos ilegales invertidos en tierras, ganadería y vehículos. Además de Domínguez, fueron detenidos cuatro familiares.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Tras dejar de ser el centro de atención el caso de Ómar Ambuila, otro funcionario de la DIAN ha sido capturado bajo sospechas de liderar una operación de lavado de dinero vinculada al contrabando. Jorge Emilio Domínguez Rodríguez es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, crímenes cometidos durante su gestión en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el aeropuerto de Barranquilla.
Según la Fiscalía, Domínguez Rodríguez habría abusado de su cargo para facilitar la entrada de mercancía ilegal, pasando por alto los controles internos de la entidad. Las investigaciones señalan que invirtió las sumas millonarias obtenidas ilegalmente en la compra de tierras en Planeta Rica (Córdoba), ganaderías, y vehículos para el transporte público en Barranquilla, todos registrados a nombre de terceros para ocultar su origen ilícito.
Los análisis financieros revelan que desde 2020, se lavaron aproximadamente 5.900 millones de pesos y se detectó un enriquecimiento injustificado cercano a los 5.100 millones de pesos. La investigación expone la formación de un 'clan familiar' que se benefició de estas actividades de contrabando en el norte del país.
Además de Domínguez Rodríguez, fueron detenidos su esposa Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara. Durante las capturas, las autoridades incautaron divisas, efectivo, joyas y documentos importantes para el caso.
Simultáneamente, se impusieron medidas cautelares sobre bienes valorados en más de 5.700 millones de pesos, dejándolos bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales. Los cinco miembros de la familia, ahora bajo arresto domiciliario, enfrentan cargos por lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares, aunque ninguno ha aceptado los cargos.
