Resumen
Más de 40 organizaciones de Soto Norte se declaran en "desobediencia civil" en respuesta a una Zona de Reserva Temporal que afectará la economía de 35,000 personas. Acusan falta de diálogo desde el Gobierno y demandan participación en decisiones que influyen en su región.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Más de 40 organizaciones sociales, asociaciones de campesinos, mineros, productores agropecuarios, turismo, víctimas, organismos de acción comunal, junto a líderes comunitarios de la provincia de Soto Norte, anunciaron su decisión de declararse en “desobediencia civil” en toda la provincia de Soto Norte, como respuesta al anuncio del Ministerio de Ambiente de implementar una Zona de Reserva Temporal por fuera del límite del Páramo de Santurbán, que afectará la economía de 35 mil personas.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
La comunidad alerta que la prohibición de la minería en municipios como California, Vetas y Suratá provocará el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas, exacerbando las problemáticas sociales en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Además, denuncian que el Ministerio no ha presentado soluciones frente a esta situación, dejando a la región en un estado de incertidumbre.
A medida llegaron los mineros tradicionales en Santander ante la insistencia de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien reiteró que mantendrá la consulta pública del proyecto de resolución que define la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán con el objetivo de proteger las cuencas críticas que abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga.
“Esta resolución estará publicada para que sea consultada por la ciudadanía y se recibirán comentarios por parte de todos los actores interesados, así como habrá sesiones para que se conozca esta resolución en territorio, tanto sus aspectos técnicos como jurídico, con el fin de garantizar la participación de todos los actores”, sostuvo la ministra quien aseguró que dicha resolución tendría una duración de dos años y, por lo tanto, es una resolución de carácter temporal, que se sustenta en el principio de precaución con el fin de proteger las cuencas Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad, la capacidad de regulación hídrica y el ciclo del agua que garantiza la función ecológica y la provisión de agua potable a los acueductos, tanto municipales como el acueducto de Bucaramanga.
De acuerdo con lo que explicó la jefa de la cartera ambiental la medida limita la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación u otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral, con el objetivo de precaver daños irreversibles y controlar procesos de degradación ante los desequilibrios físicos, químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro su integridad por el desarrollo de actividades mineras, hasta tanto se adelanten los estudios técnicos y procesos necesarios para identificar los mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio que permitan la protección efectiva de los recursos naturales renovables y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
Dentro de los análisis técnicos se identificó que en la zona de reserva prevista se encuentran 57 títulos mineros y 35 solicitudes de titulación minera, que en conjunto suman alrededor de 23.929 hectáreas que se traslapan con 20.397 hectáreas de ecosistemas que son claves para el uso y manejo coordinado del suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, según los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
Es un atropello
Si bien las comunidades de la provincia de soto se manifiestan en favor de cuidar los ecosistemas de la región, aseguran que la imposición de zonas de reserva sin diálogo ni concertación desde Bogotá solo profundiza la crisis social y económica de nuestra región.
“Las decisiones que nos afectan deben ser tomadas aquí, con las comunidades de Soto Norte. Es hora de un verdadero compromiso del Gobierno con las personas que vivimos y trabajamos en este territorio." Afirma Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán y exalcalde de California.
Como parte esta “desobediencia civil”, las asociaciones anunciaron una serie de acciones como marchas, protestas, plantones, tutelatones, demandas, recolección de firmas y peticiones públicas. Además, indicaron que, haciendo uso de sus derechos, declararán como personas no gratas en sus municipios a los activistas ambientalistas y políticos que han impulsado la estigmatización de la pequeña minería legal, y que han promovido una zona de reserva antitécnica e inconsulta, cuyos únicos fines netamente políticos y electorales.
Además, denuncian que las decisiones se han tomado desde Bogotá, sin incluir a los habitantes de Soto Norte en los debates ni considerar sus aportes para un ordenamiento territorial inclusivo. Esta exclusión ha generado un profundo malestar, ya que las políticas propuestas afectan directamente las actividades productivas y el modo de vida de la región, perpetuando un sentimiento de abandono por parte del Gobierno Nacional.
El rechazo también se fundamenta en la falta de participación ciudadana en el diseño de estas políticas, un aspecto que las comunidades consideran una violación directa a sus derechos. Según los líderes locales, el Ministerio de Ambiente ha ignorado lo establecido en el Acuerdo de Escazú, que exige procesos participativos y transparentes para decisiones ambientales que impactan a las comunidades.
Las comunidades de Soto Norte hicieron un llamado urgente al Ministerio de Ambiente para revisar de manera integral la medida de la zona de reserva temporal, incluyendo a las comunidades afectadas en un proceso de concertación y diálogo transparente y participativo. Destacaron que el impacto de esta decisión no solo afecta la economía minera, sino también sectores fundamentales como la agricultura, la ganadería, el turismo y la construcción, que son el sustento de miles de familias en la región.
Las propuestas de los mineros ancestrales
En diferentes comunicaciones ya radicadas ante las autoridades locales, regionales y nacionales, entre esas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las comunidades propusieron 3 acciones inmediatas:
1. La instalación de una mesa técnica con las comunidades de Soto Norte, como lo propuso el delegado de la Procuraduría General de la Nación en junio de 2024, y que fue avalada por la ministra de Ambiente.
2. Cumplir con el Acuerdo de Escazú, promoviendo un ordenamiento territorial que incluya a las comunidades locales.
3. Realizar una mesa pública de concertación en la provincia de Soto Norte a inicios de 2025, con la participación de múltiples actores gubernamentales, locales y sociales, para buscar soluciones consensuadas a la problemática.
