Diego Cadena y su socio se declaran inocentes frente a acusaciones por presunto soborno y fraude
Resumen
Los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar se han declarado inocentes de los cargos de fraude y soborno. Son acusados de conspirar para manipular la justicia a favor del exmandatario Álvaro Uribe. La Fiscalía sostiene que ofrendaron dinero y beneficios a cambio de falsos testimonios.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En un reciente giro del caso que involucra a dos conocidos defensores legales, Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar, se han declarado inocentes de los cargos de fraude procesal y soborno a testigos que se les imputan. Ambos abogados están siendo acusados de un supuesto complot destinado a manipular el curso de la justicia a favor del exmandatario Álvaro Uribe.
La Fiscalía, representada por el fiscal Daniel Hernández, asevera tener evidencia de un "plan criminal para engañar a la Corte Suprema de Justicia" que habría tenido lugar desde julio de 2017. Hernández sostiene que el abogado visitó la cárcel de Palmira con la intención de negociar falsas declaraciones en contra del senador Iván Cepeda, con Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar.
El fiscal Hernández detalló en su exposición que este acuerdo consistía en un ofrecimiento de 200 millones de pesos a Vélez a cambio de declarar falsamente. Además, se mencionó que Salazar desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento de este acercamiento ofreciendo beneficios carcelarios y judiciales a posibles testigos que declararan a favor de sus intereses.
La acusación también refiere que tras la absolución de Cepeda por parte de la Corte, Cadena procedió a visitar La Picota en 2018 para encontrarse con Juan Guillermo Monsalve, a quien, según el fiscal, se le ofrecieron verificaciones de procesos, inclusión a la JEP y mejoras en las condiciones carcelarias a cambio de su colaboración.
El caso, que ahora pasa a la etapa de juicio formal, promete ser un punto de referencia en la lucha contra la corrupción y la manipulación de la justicia en Colombia, poniendo a prueba la integridad del sistema judicial del país.
